Competitividad desde el enfoque territorial

Competitividad social en una economía rural de eficiencia 

Partiendo de los planteamientos centrales del enfoque territorial, se busca explorar la posibilidad de encontrar mecanismos pragmáticos (en tanto realistas e integrales), efectivos (que permitan incidencia y gobernabilidad sobre los procesos sociales rurales), sostenibles (en tanto sean posibles para las generaciones futuras como para la totalidad de la generación presente) y operacionales (en tanto sean implementables) para la formulación de políticas y la orientación de estrategias relacionadas con el medio rural y sus sociedades.

Este intento de “aterrizaje” de los principios fundamentales de la nueva ruralidad implica un esfuerzo de reconceptualización de los parámetros básicos sobre los cuales trabajan el Estado y la sociedad en la construcción de modelos económicos, sociales e institucionales. Para la definición de este paradigma, hemos de recurrir a un análisis más crítico, más profundo y más realista del comportamiento económico actual y de las instituciones en el marco de la globalización. 

El actual modelo de desarrollo mundial se basa en la competitividad como articulador poderoso de la eficiencia y la justicia y le entrega a este concepto la capacidad de construir modelos de desarrollo eficientes, racionales y viables así como la responsabilidad de lograr que todos los miembros de la sociedad participen de los beneficios de ese desarrollo integral. Muchas son las discusiones, enfrentamientos y antagonismos creados alrededor del concepto y de las estrategias de desarrollo de la competitividad, especialmente porque se advierte que más allá de la simple “competitividad” es necesario reconocer las capacidades, habilidades y oportunidades de los seres humanos y de los recursos con que cuentan para lograr un proceso de generación de riqueza que en realidad permita la consolidación de dinámicas de desarrollo sostenible. 

En estas reflexiones sobre la nueva ruralidad se impone entonces la necesidad de revisar cuidadosamente los fundamentos y los imaginarios que se manejan alrededor de la competitividad y retroalimentarlos con la experiencia de las últimas décadas que con claridad muestra precarios resultados en términos de justicia, equidad y eficiencia. Para ello, se propone ampliar el concepto de competitividad, incluirle nuevos elementos y componentes que permitan que dentro de su lógica racional y dentro de los instrumentos generados para su logro, encontremos nuevas rutas que nos conduzcan a una sociedad más eficiente, pero al mismo tiempo más equitativa, en otros términos, a una sociedad sostenible. 

La competitividad privada

Para analizar el concepto de competitividad, debemos partir de su concepción más generalizada y aplicada en el momento actual. 

A partir de la generalización en el planeta de la economía de mercado se ha priorizado la idea de que el acceso al bienestar es posible para quien dé muestras de eficiencia en la generación de riqueza y en el manejo de los recursos. La vieja fórmula de la primacía del más capaz y del más fuerte, se ha impuesto en las reglas del juego que buscan llevar al máximo de optimización las capacidades y de las riquezas. En el marco de una economía de mercado soportada en la competitividad, no es concebible el favorecimiento de los ineficientes, ni es aceptable que la distribución de los beneficios generen asimetrías en el bienestar de quienes los reciben por razones diferentes a la de su propia capacidad creativa, innovativa y generadora de riqueza.

Este principio liberal ha llevado a una gran generación de riqueza y al avance de la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Se han introducido nuevas formas de vida, nuevos elementos de enriquecimiento, de bienestar, nuevos mecanismos para combatir las dolencias de la humanidad en una explosión sin precedentes de generación de riqueza. Sin embargo, importantes cuestionamientos surgen sobre esta concepción y estructura. 

Para tener mayor claridad en el análisis de la competitividad, es necesario identificar primero que todo su esencia privada, es decir, su relación estrecha con los individuos, sean éstos productores o consumidores, que tratan cada uno individual e independientemente de lograr el máximo bienestar con el mínimo costo. 

Las rentabilidades

En la economía de mercado, el elemento determinante de la competitividad de cada uno de los agentes involucrados en el sistema está determinado por la rentabilidad obtenida por sus distintas actividades. 

La rentabilidad es la medida de la remuneración de la inversión que cada quien hace en el proceso productivo. Una empresa es más competitiva que otra en tanto logre una mayor remuneración o rentabilidad por sus inversiones y su permanencia en el mercado depende de cómo sea su rentabilidad con respecto a las demás empresas que compiten con ella en el mismo sector económico ya sea a nivel local o multinacional. 

La rentabilidad es, pues, la medida última del modelo de desarrollo actual y se aplica no solamente a empresas que producen bienes o servicios, sino a los individuos que venden su fuerza de trabajo en los mercados laborales y que obtienen una rentabilidad dada por las inversiones realizadas en capital humano a lo largo de su vida. Las relaciones costo beneficio en los distintos escenarios de consumo también pueden ser asimiladas a la rentabilidades que determinan la competitividad no solamente de las empresas, organizaciones o países sino inclusive de los seres humanos individualmente considerados. Pero la rentabilidad en términos económicos/productivos para las empresas o para los países está determinada por una diferencia entre los costos y los ingresos. De esta diferencia simple se establecen además los niveles de subsistencia y, por lo tanto, de retribución que cada quien requiere de la participación en el proceso económico.

Las funciones de costos

El primer componente de una función de producción comprende los costos en que incurre la actividad productiva. Dichos costos están relacionados con el acceso y la utilización de los factores productivos, con la adquisición de insumos, con la compra de servicios requeridos para la producción, con los costos de transacción asociados a la gestión de la actividad económica misma y con los costos incorporados a partir de los compromisos sociales o políticos que se tengan como en el caso de los impuestos o compensaciones de costos ambientales.

En un análisis de rentabilidad privada, el agente económico intenta minimizar estos costos y reducir el nivel de inversión o de preinversión que debe hacer para obtener el producto final. Es así entonces, como en los análisis de rentabilidad que conducen a la competitividad privada, la estructura de costos es vista como el conjunto de aquellos elementos internos de la producción, es decir, aquellos componentes de los costos que son dominados, manejados o sobre los que tiene injerencia el agente productor. 

Las funciones de ingreso

El segundo componente para determinar la rentabilidad es la función de ingresos, es decir, las retribuciones que el productor recibe por su actividad en los mercados. Cualquier producción de bienes o servicios siempre tendrá una remuneración, establecida a partir de un precio que tiene el bien o el servicio producido. Cuando un inversionista privado hace este análisis, debe considerar entonces los ingresos que él directamente percibirá por su actividad, en interacción en mercados cada vez más abiertos. Este precio para cada uno de los volúmenes de producción determina los ingresos totales en la función de rentabilidad en la producción.

Con la diferencia  entre los ingresos totales y los costos totales el productor obtiene su función de beneficios que será aquella que intentará maximizar eligiendo el nivel óptimo de producción. 

En los modelos de protección, generadores de prácticas rentísticas, buena parte de los ingresos provienen de subvenciones, auxilios o subsidios públicos capturados gracias a acciones o actividades ajenas a la actividad productiva misma. Este fue el modelo característico que agotó en forma importante el modelo sustitutivo de importación de economías cerradas, donde grupos de presión crearon flujos de recursos que no compensaban acciones concretas de producción sino que complementaban las funciones de ingresos, distorsionando el sentido mismo de la eficiencia. 

Por el contrario, la competitividad que se vende hoy como un instrumento idóneo para optimizar los procesos productivos, hace que el productor trate de reducir sus costos al tiempo que hace más eficiente su participación en los mercados, a partir de un mejor conocimiento de la demanda y de la optimización de sus interacciones con otros agentes económicos. 

La conformación de precios

El precio se constituye, en una economía de mercado, en el elemento articulador de todas las piezas, es la señal que determina los óptimos de satisfacción de los distintos agentes del mercado. En un mercado que opere libremente, el precio será el determinante para productores y consumidores que en el juego de maximizar su beneficio, darán coherencia y racionalidad a todo el proceso económico. 

Los precios reflejan las necesidades y deseos de los consumidores, así como las limitaciones de recursos en una sociedad. Los precios posibilitan que cada quien juegue su papel en la forma más eficiente posible. El conocimiento de los mecanismos que conforman los precios es un componente fundamental para lograr la competitividad. Si los precios son distorsionados y no reflejan la realidad de la economía, de los mercados y de las condiciones de la sociedad, la economía en su conjunto perderá eficiencia y será difícil que los agentes económicos puedan establecer en forma racional y eficiente sus niveles de rentabilidad y, aún menos, optimizar sus condiciones de producción. 

Naturaleza de la competitividad agropecuaria en mercados abiertos

Lo hasta aquí expuesto, alrededor de la competitividad, presenta gran complejidad y múltiples distorsiones en la realidad de los mercados agropecuarios, tanto en nuestros países como a nivel global. 

Los precios de los productos agropecuarios aparecen altamente distorsionados por medidas compensatorias paralelas a los componentes internos de cada una de las funciones de costos y de ingresos, de hecho, los mercados mundiales de alimentos mantienen tendencias estructurales a la baja en términos de precios, reflejando comportamientos ajenos a las mismas funciones de producción/consumo, oferta y demanda. Los altos subsidios en los países desarrollados a los productos alimenticios, las barreras no arancelarias que subsisten en los mercados internacionales, la asimetría en el acceso a la información, los espacios monopólicos y otros privilegios de algunos agentes, son elementos claros de distorsión. 

Con el propósito de darle mayor transparencia y por tanto mayor eficiencia a los mercados como mecanismos de generación y distribución de riqueza, instancias globales internacionales como la Organización Internacional de Comercio, se empeñan en hacer más eficientes y justas las transacciones económicas para que garanticen la rentabilidad y la competitividad privada, procurando que haya una clara remuneración a los esfuerzos individuales y que se cumpla el principio de la competitividad basado en una retribución justa al aporte que se haga a la mayor riqueza en la sociedad.

Precios cuenta y competitividad social

Hasta aquí hemos visto el tema de la competitividad en términos privados, de agentes individuales, de empresas, productores o consumidores que compiten en los mercados. Sin embargo, la realidad es más compleja aún ya que los procesos productivos que conducen a determinados bienes o servicios, incorporan costos o ingresos no contemplados en las funciones individuales de análisis financiero privado. 

El bienestar social

En un sentido general de compensación, los beneficios de unos pueden significar perjuicios para otros, y por lo tanto, teniendo en cuenta no solo la individualidad sino la colectividad, existe la necesidad de realizar un análisis más completo de los procesos productivos. 

La función de bienestar social, a diferencia de la función de beneficios individual, debe ampliarse en tres dimensiones: El conjunto de bienes y servicios que tiene en cuenta; El conjunto de individuos que constituyen la colectividad (regional, nacional o global); La dimensión temporal de la sociedad.

Es decir que la función de bienestar social debe incluir todos aquellos bienes y servicios que podrían generar algún bienestar a uno o más miembros de la colectividad, tanto en el presente como en el futuro. Estos bienes y servicios pueden ser tangibles o intangibles, privados, de propiedad común o públicos.

Se puede tratar también de bienes “meritorios” es decir aquellos bienes que no son transados en ningún mercado, que el consumidor no compra pero que si aprovecha y disfruta. Ejemplos de estos bienes son la pureza del ambiente, el paisaje, la cultura, la salud, etc.

De igual modo, todos los indivuduos o grupos sociales que formen parte de la colectividad deben ser contemplados dentro de la función de bienestar social. Y no hay que olvidar que la sociedad está constituida no solo por la generación presente sino también por las generaciones pasadas y las futuras. Es indispensable por lo tanto, analizar no sólo el consumo presente sino el futuro y tener en cuenta acciones con un claro carácter intertemporal como el agotamiento de los recursos naturales por el cual el cosumo actual condiciona o impide el consumo futuro.

Las externalidades

Por lo general las dimensiones sociales de las funciones de costos han sido considerados como ‘externas’ a las funciones de costos o ingresos privados, por lo cual se presentan situaciones como las que se ilustran en las gráficas siguientes: 

Externalidades negativas (degradación del medio ambiente, agotamiento de recursos, contaminación, conflictos, etc.);

Externalidades positivas (preservación del medio ambiente, recreación, paisaje, cohesión social, etc.).

Los precios cuenta

El análisis de las funciones de bienestar social conduce a la incorporación de lo que en economía se ha denominado precios cuenta, que parten del principio de que el precio debe reflejar la totalidad de los costos y beneficios para el conjunto social y no solamente para los individuos que producen o consumen. 

En un mundo hipotético, sin ninguna distorsión, los precios de mercado reflejarían y serían iguales tanto a la utilidad marginal social del consumo como al costo marginal social de producción. En el mundo real, los precios cuenta “representan un precio ‘corregido’ en el cual se limpian los efectos de distorsiones y externalidades con el fin de reflejar fielmente el valor social medido en términos de ‘bienestar’”. (Castro y Mokate, 1996. pág. 145) 

Los precios cuenta reflejan la utilidad marginal social, cuando se analizan impactos sobre el consumo, o el costo marginal social, cuando se trata de actividades que afectan los recursos.

Tal como lo hemos revisado a lo largo del documento, los alimentos presentan una condición de complejidad en tanto son generadores de externalidades positivas y negativas para el conjunto social. Si bien esto no es exclusivo de los alimentos sino de muchos otros bienes y servicios originados en la ruralidad, es importante tener en consideración que el sólo hecho de que éstos se produzcan, implica beneficios o costos de orden social, político, institucional, regional, ambiental y cultural, que deberían reflejarse en sus precios. 

Sin embargo, este hecho económico escapa de la evaluación privada y financiera de los proyectos productivos ya que no son de competencia o de manejo de los productores individuales. En otros términos, valorarlos y aplicarlos es algo que rebasa la capacidad de un productor individual. 

La incorporación del concepto de precios de eficiencia y su relación con la competitividad, es un elemento central para incorporar en toda su complejidad la economía rural, tal como se considera en el replanteamiento de la nueva ruralidad.

En el desarrollo del concepto de precio de eficiencia, cada país podría establecer el precio al cual debería producirse y transarse un bien, precio que incorporara tanto las funciones privadas de producción como las funciones de beneficio/bienestar o perjuicio en todo el conjunto social. Por ejemplo, si una actividad productiva ganadera, en condiciones extensivas o de laredo, genera rentabilidad por los precios determinados en el mercado para el productor individual, este precio debería contemplar los perjuicios generados en el conjunto social producto del deterioro y degradación del suelo por la actividad económica o, por el contrario, si la actividad productora de carne, en forma eficiente, genera divisas para el país, este beneficio debería reflejarse de igual modo en el precio. 

Los precios de eficiencia o precios sombra se constituyen, entonces, en un elemento central del análisis de la rentabilidad ya que deben permitir la emisión de señales claras que contengan no solamente los beneficios particulares por un bien sino en conjunto beneficios colectivos que productos de la actividad generadora de ese mismo bien.

Pero el concepto de precios de eficiencia no se limita al nivel nacional sino que adquiere su verdadero sentido a nivel global. Como hemos insistido, la interdependencia de costos y beneficios globales es uno de los caracteres fundamentales de la globalización, pero éstos deben ser reflejados en la economía y deben ser considerados como componentes internos de las decisiones que países y agentes económicos toman siguiendo la lógica de los mercados. 

Un buen ejemplo de estos criterios de internalización de los efectos externos en los mercados lo constituye la diferenciación de la demanda y de productos alrededor de los sistemas de sellos o certificados de origen que hacen que consumidores estén dispuestos a pagar un precio más alto por aquellos productos que traen incorporada como garantía alguna de las condiciones de beneficio colectivo. Cuando un consumidor en Europa paga una sobreprecio de 40 o 50% por un producto que tiene un sello de producción orgánica, además del bienestar esperado por inocuidad del alimento, está pagando por el bienestar o satisfacción esperada de la conservación ambiental. De igual forma ocurre con productos que incorporan sellos que garantizan el no dumping y que por lo tanto representan un mayor bienestar para el conjunto de la sociedad global. 

Pensar en precios de eficiencia y en mecanismos para la incorporación de estos diferenciales provenientes de la remuneración a las externalidades de la actividad asociada a recursos naturales, es decir, a la producción rural, se constituye en una invitación central en la concepción de la nueva ruralidad.

Los subsidios como sistema compensativo y distorsionador

Las posiciones asumidas por las naciones desarrolladas, particularmente las europeas, en el marco de las negociaciones internacionales de comercio, ha promovido el concepto de la agricultura multifuncional, es decir, el reconocimiento de estas externalidades como una justificación para la aplicación de medidas compensatorias y de subvención a la producción agrícola. América Latina ha asumido una posición en contra de este concepto en razón de que a partir de la compensación a la denominada multifuncionalidad de la agricultura, Europa justifica altos subsidio a la producción de alimentos. 

Como consecuencia de ello, los precios han sido fuertemente distorsionados y las empresas productoras de nuestros países deben competir en condiciones de evidente desventaja. Las transferencias intersectoriales que se hacen en los países desarrollados demuestran el interés de la sociedad en su conjunto por compensar las externalidades, sean éstas paisaje, seguridad alimentaria, generación de divisas, autosostenibilidad alimentaria o simples razones políticas. El trasfondo de estas justificaciones de los países desarrollados no le es ajena a las naciones en desarrollo, sin embargo, existe una importante diferencia que radica en la asimétrica capacidad de dichas sociedades de compensar o subsidiar su producción alimentaria. 

La importancia de la transparencia de los precios

El problema central asociado a estos sistemas de subsidio y de compensación es la forma como éstos se transfieren a los precios en los mercados de alimentos, es decir, que el precio de mercado no refleja la realidad con la transparencia requerida para que se logre una eficiencia integral del sistema. 

Los precios a los cuales se transan los alimentos en el mundo, son producto de una distorsión en las funciones de ingresos de los productores en los países desarrollados, ya que al igual que en los modelos rentísticos, el productor percibe un ingreso adicional como compensación a las externalidades que genera su estructura de producción. A pesar de que en términos conceptuales y de principios, el sistema global de comercio pregona que estas distorsiones no pueden ser aceptadas en los mercados, las diferencias de orden político y de posiciones privilegiadas, han conducido a la existencia de injusticias y asimetrías en los mercados.