Modelo económico y crisis

Profesor Alberto Alesina:

Coincidiendo con los anhelos de muchos colombianos, instituciones del prestigio de la Universidad de Harvard, que representa la élite académica del primer mundo, y Fedesarrollo, que ha jugado el papel de liderazgo técnico de la economía nacional, han adelantado un análisis profundo de las raíces que originan la grave crisis que aqueja la estructura económica y política de nuestra sociedad.

A Usted le correspondió la responsabilidad de orientar y dirigir este grupo de expertos en una aventura especialmente atractiva para el intelecto y la academia, convirtiendo el ejercicio en una oportunidad para poner a prueba los profundos trabajos que sobre el tema de la institucionalidad han revolucionado los círculos de estudiosos de la economía en los últimos años. Las conclusiones de esta reflexión han desatado no pocas polémicas, pero especialmente una ola de rechazo por parte de quienes pueden llamarse formadores de opinión. Más allá de los intereses contrapuestos que existen siempre ante tan complejas materias, llama la atención el consenso logrado en la crítica, respecto de una extraña sensación de ligereza y superficialidad en las recomendaciones hechas por el estudio.

Las expectativas que genera un trabajo académico de esta naturaleza, en un momento especialmente complejo como el que vive el país, amerita mirar con mayor atención la naturaleza del análisis y conclusiones al las cuales llegó este grupo, que de cualquier cosa se podría tachar, menos de ingenuo, irresponsable, poco riguroso o superficial.

Quisiera llamar su atención sobre una perspectiva más abierta para el debate de los resultados de sus Reformas Institucionales en Colombia, haciendo un esfuerzo por leer lo no escrito en su informe, con la convicción de encontrar en lo que no se pudo decir, por razones técnicas o políticas, las claves para entender las clarísimas recomendaciones hechas por Ustedes.

He de confesar que las primeras líneas de su informe logran conmover al más incrédulo de los lectores, cuando se plantea con extraordinario optimismo la “coyuntura crítica” de tener que elegir entre dos caminos que se insinúan claros, el primero ”de violencia, caos y colapso económico” y el segundo de “paz, reformas y progreso económico”. Con un cierto sarcasmo se manifiesta su esperanza de que los colombianos escojan la segunda. El mismo hecho de creer que esta sociedad diversa, compleja e inteligente, necesite que un grupo de notables académicos le recomiende optar por la segunda vía y no por la primera, devela un presupuesto heroico del cual parte Usted. Creer que los colombianos estamos en el fango simplemente porque no queremos salir de él.

Quisiera tratar de desentrañar la naturaleza de sus análisis, más allá de esta postura difícil de entender en el marco del nuevo institucionalismo, el cual pregona la necesidad de un pragmatismo radical, reflejado en los diferentes ejercicios empíricos de esta emergente disciplina, que deja de lado la ingenuidad en los análisis para buscar las causas ocultas de los problemas económicos y políticos.

La lista de manifestaciones de la crisis y, especialmente, su peso estratégico en la descripción de los fenómenos que vive el país, resulta decepcionantemente incompleta. Se describe la crisis como una explosión de violencia, crimen y terrorismo, agravado por una defensa irracional de los derechos consignados en la Constitución, en especial el “indebido” cumplimiento del deber por parte de los magistrados de nuestras cortes. Se afirma que el ejecutivo y el mercado cumplirían mejor ese papel que la justicia. Se afirma que la inestabilidad macroeconómica se debe a una deficiencia institucional, la cual se podrá solucionar con algo de reingeniería menor, como se concluye de las recomendaciones.

No logro entender como Usted y su prestigioso equipo, logran dejar por fuera de este “diagnóstico” aspectos esenciales para la comprensión de lo que es esta realidad social rebelde a los modelos simplificadores. Se asume que condiciones estructurales de tan profunda implicación en el funcionamiento de nuestras instituciones, como la marcada desigualdad de nuestra economía y política, la naturaleza internacional del narcotráfico como fuerza desestabilizadora, la legendaria guerra que hace parte de nuestra historia desde siempre, la estructura concentradora de nuestra economía, las desiguales relaciones con los mercados mundiales y los altos índices de pobreza, entre otros grandes problemas, no son imprescindibles al momento de hacer un análisis de la institucionalidad colombiana.

Debo entender que no es un caso de falta de ilustración o de -ligereza en el momento de analizar el estado del arte, sino que es una manifestación ex-profeso de que no es necesario entrar en semejantes honduras para explicar a Colombia y su crisis. Pues permítame poner en duda semejante presupuesto que conduciría a aplicar a su estudio la genial explicación que hace Susanita, expresión magistral del pensamiento ligero en creación de Quino, cuando se sorprende de los discursos sobre la pobreza, al destacar que es ingenuo creer que hay soluciones para una gente que come mal, se viste mal, vive mal, habla mal, no estudia, no se baña y tiene trabajos mal pagos, ¡así como van a salir de pobres!. Quisiera superar la sensación de tautología que hay en la descripción de la crisis que se presenta en la introducción de su informe.

Los elementos de diagnóstico que Ustedes plantean, son síntomas de enfermedades más profundas, complejas y graves. Pero quiero insistir, no es que Ustedes no las vean, sino que consideran que no son necesarias para proponer la reforma, o, algo más significativo, que por ser complicados es mejor renunciar a enfrentarlos, que es mejor asumirlos como parámetros de la tarea a realizar. Restricciones las llaman los economistas en sus análisis, lo cual expresa en forma de elegancia técnica, lo que García Márquez definía como la condena a cien años de soledad.

Sin duda, el sentido de responsabilidad, los conduce a Ustedes a hacer propuestas “políticamente factibles”, realistas, viables y de bajo costo transaccional. Sin embargo, ese sentido de lo políticamente correcto se estrella con la realidad de una sociedad que tiene una lógica extraordinariamente diferente a la que rige el contrato social de una sociedad como la estadounidense, soportada en rigores y culturas bastante ajenas al trópico exuberante y caótico donde le correspondió vivir a esta sociedad colombiana.

Es de la naturaleza de la academia formalista intentar ajustar la realidad a los modelos, en una ruta racionalista de la investigación científica occidental y moderna. Pero esto tiene un límite determinado por la capacidad de incorporar la complejidad. En diferentes apartes de su informe es posible encontrar evidencias de las limitaciones de los supuestos en los cuales se basan los análisis realizados. Veamos algunos de los más protuberantes.

En primera instancia es necesario profundizar en la crítica realizada por Usted a la Constitución del 91. En primera instancia es necesario rebatir, por ligera, su afirmación de que esta Constitución resultó de una “negociación para resolver un conflicto interno”. El proceso político que condujo al movimiento de la Séptima Papeleta, recoge mucho más que las negociaciones que entonces se adelantaban con el M19, que tuvo especial significancia en su concreción. Pero si Usted mira con atención la historia de la centenaria Constitución de 1886 y los procesos históricos y políticos que estructuran el devenir institucional colombiano, podrá darse cuenta que hubo otros factores que pesaron mucho más y que impiden semejante afirmación. Para citar uno de ellos, seguramente más importante, Colombia venía viviendo un proceso político de consolidación de un nuevo ordenamiento territorial, con demandas reales, de base social y política, por mayor autonomía de lo local. La descentralización no emergió en Colombia como una recomendación técnica del modelo neoliberal para lograr mayor eficiencia con la desconcentración de la gestión pública. La descentralización fue el producto de la historia regional y territorial de nuestra cultura y nuestra economía.

Dice Usted que el contrato social está amenazado y que una de las más graves amenazas es la Constitución del 91. Para un politólogo desprevenido esto podría sonar una contradicción difícil de explicar, pero para Usted es una expresión de la incapacidad de la sociedad colombiana de llevar al contrato social, el realismo trágico de la condena a cien años de soledad. Destaca Usted la dificultad, producto de la rigidez, de aplicar en forma efectiva y práctica el espíritu que consagra. Es verdad que esta es una gran limitante, pero esto no es producto de nuestra carencia de técnicos constitucionalistas, de los cuales tenemos buenos y en abundancia, sino de la naturaleza político institucional del proceso de transacción, consenso y negociación que la vio nacer. Nuestra Constitución fue producto de un intento de abrirnos a la pluralidad, a la diversidad, en medio de profundos conflictos sociales y políticos. No somos una sociedad homogénea, ni tenemos una democracia plena. He aquí uno de los equívocos en su análisis, pensar que el problema de nuestro marco constitucional se soluciona con tecnología constitucionalista, si es que esta llegara a existir.

La segunda crítica que su estudio hace a la Constitución está referida a que es ingenua nuestra idea de plantear una utopía para regir la estructura normativa de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Con absoluta franqueza Usted piensa: “Los colombianos creen que pueden aspirar a vivir como los norteamericanos o los suecos. ¿Acaso no han entendido que solo tienen un ingreso percápita de US$2.600, lo cual no les permite aspirar a tener un Estado de bienestar, que, además, ya hemos demostrado que debe ser desmontado?”.  Cuando se analiza esta relación entre el PIB percápita y la Constitución, es necesario considerar que más allá de la importancia del ingreso por habitante, lo que marca diferencia es el tipo de democracia económica en el cual se genera esta riqueza. Trae Usted la comparación con Suecia, un país con un ingreso diez veces mayor que el nuestro, pero generado en el marco de un ejemplar capitalismo social, soportado en un poderoso, intervencionista y proteccionista Estado de Bienestar, que Colombia está lejos de tener.

Las expresiones de derechos sociales y económicos de nuestra Constitución son el producto de una demanda política por transformar una estructura económica antidemocrática, excluyente y concentradora, más que una simple idea de paternalismo estatal, como Usted hace ver. El contrato social incluye una serie amplia y ambiciosa de derechos como expresión de ese consenso nacional sobre los verdaderos males de nuestra sociedad. Ahora, esto no implica que su crítica carezca por completo de validez. La Constitución asigna una responsabilidad excesiva al Estado en la preservación de derechos, pero se queda corta en la manifestación de deberes. Por supuesto que este tema sin duda incomodaría mucho más su percepción de instrumento excesivamente intervencionista. Una de las instituciones más fuertes que tiene la carta sobre deberes se expresa en la responsabilidad social de la propiedad, lo cual sin duda, pone en riesgo la fluidez de los mercados y la libre inversión, particularmente externa. Colombia pone condiciones a la propiedad, al menos en el papel.

Pero déjeme insistir en un punto. Los problemas que se derivan de la Constitución del 91, no son “errores técnicos”, sino el resultado de un complejo proceso histórico (sin las comillas que Usted utiliza) y político, que debe constituir el verdadero objeto de trabajo de un análisis como el suyo.

Llama poderosamente la atención el análisis que se hace de lo disfuncional que es el cumplimiento del deber de las Cortes, en particular la Constitucional. Es obvio que si se considera que la Constitución está mal, su cumplimiento es indeseable. Es posible poner en tela de juicio la legitimidad del proceso que condujo a la redacción de la carta, el grado de representación de sectores de la población, el nivel de la participación, pero no es posible creer en un manejo selectivo de la Constitución, donde se desarrolle solo lo que a algún sector en particular le parezca, aún este sector sea el de los prestigiosos intelectuales, científicos y académicos nacionales o extranjeros, y el resto se restrinja, recortando las bases del cumplimiento del espíritu del contrato social consignado en ella. Criticar a la Corte por ser demasiado “proactiva” en los temas económicos y de derechos sociales, pero no en otros, es un contrasentido que se interpretaría como un pragmatismo cínico, que nos indicaría que es conveniente el balance entre el poder judicial y el ejecutivo en materia política, pero es indeseable en materia económica.

Las propuestas sobre reforzar la independencia de las cortes es importante y se compadece con la necesidad de reforzar el Estado de Derecho. Sin embargo su recomendación sobre la dependencia económica entraña un planteamiento de gran profundidad en la relación entre economía y política. Existe el riesgo de leer en su informe, que la economía debería estar blindada de los avaratares de la política y de la ingerencia de no especialistas en el tema. No concibe Usted que alguien que no haya estudiado economía, como disciplina, pueda entenderla o influir en su comportamiento. Su pensamiento se acerca al convencimiento de que la economía es una ciencia neutra en materia política, regida por estrictas leyes universales que no deben ser alteradas por intervenciones diferentes a la lógica invisible del mercado.

Este pensamiento se refleja en diversos apartes de su informe, particularmente en lo relativo a las perversas ingerencias de la Constitución, que en tal sentido, Usted califica de populista. Considero que este es un punto central de la comprensión cabal de la política, especialmente del papel del Estado en la dirección de la economía. Son muy profundas las fallas que nuestra economía arrastra, más allá de las intromisiones de jueces o independencia de la banca central, para pensar que el corazón de nuestra crisis institucional se ubique en las disfuncionalidades de una estructura institucional para el manejo y estabilización de una economía poco distributiva, poco eficiente y poco competitiva. Los espacios no cubiertos por el análisis tendrían un poder explicativo mucho mayor que el que se asigna en el estudio a las reglas de ingeniería institucional.

Resulta muy complejo extrapolar sus conclusiones, que llaman al purismo en el manejo económico, con la realidad de un país que navega por las turbulentas aguas de una negociación de paz. La realidad contundente de la guerra tiene profundas raíces en la estructura económica y sería más que ingenuo pensar que los grupos alzados en armas, de izquierda o de derecha, estuvieran dispuestos a sustraerse de la intervención en la economía. Si se cuestiona con tal facilidad la legitimidad y seriedad política de nuestra Constitución actual, qué podría decirse de unos acuerdos salidos de diálogos en medio de la guerra. Usted afirma, como sutil crítica, que el contrato social nuestro surge de negociaciones de conflictos, y uno podría preguntar, de qué otra forma pueden ser concebidas unas reglas de juego viables para nuestra nación?

Ahora, si se trata de hacer abstracción de los graves problemas estructurales de Colombia, permítame decirle que comparto buena parte de sus apreciaciones sobre la necesidad de dar mayor transparencia a los procesos de presupuesto y de clasificación de los gastos públicos, así como de solucionar los conflictos de intereses que se presentan amparados en un exceso de poder del ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Pero no considero que este sea factor determinante de la gran decisión para escoger el camino adecuado al  cual Usted quiere invitar a los colombianos.

El otro campo al cual presta atención el trabajo que Usted dirigió, entra en la esfera de las instituciones políticas de nuestra nación. El análisis se centra, en forma adecuada en el cuestionamiento a la operación de los órganos que componen el andamiaje formal de funcionamiento de nuestra democracia normativa.

Perdóneme Usted la insistencia en cuestionar su supuesto de incapacidad analítica o de simple sentido común de los colombianos. Afirma, con pretensión de divertida advertencia, que “cualquier estudiante de instituciones políticas” tendría claro el diagnóstico. Si no fuera porque media mucha sangre entre la realidad y las soluciones políticas en Colombia, podría aceptar que su afirmación es graciosa.

A mi lo que me sorprende, es, que uno esperaría que aún a un desprevenido académico de Harvard podría notar que los obvios aspectos del diagnóstico tienen bases más profundas en la estructura de una democracia altamente imperfecta. La debilidad de los partidos políticos no nacen en el incentivo perverso a la dispersión de listas electorales. Pero más importante aún, la debilidad de los partidos y la inexistencia de movimientos alternativos tiene fundamento en la realidad del ejercicio ciudadano en nuestra sociedad.

La exclusión es la marca del ejercicio de poder en una estructura concentradora, donde los intereses privados han invadido en forma amplia el espacio de lo público. Las diferentes esferas del Estado han sido cooptadas, por decir lo menos, por las presiones de grupos privilegiados desde el nacimiento mismo de la república. Salvo excepcionales momentos de nuestra historia, los caminos de acceso y ejercicio de poder, empowerment, de los ciudadanos y comunidades ha estado sometido a férreas estructuras excluyentes. Primero por estructuras estrictamente feudales, donde la propiedad de la tierra marcó una estructura política o, en tiempos recientes, por sistemas electorales condicionados a las altísimas inversiones provenientes de recursos privados. En el entretanto siempre han existido formas de ejercicio de poder disponibles para ajustar cualquier “salida de carril” por medios violentos. Resulta, por lo menos incompleto, un diagnóstico sobre la hegemonía de los dos partidos políticos tradicionales, sin tener en consideración que otras fuerzas alternativas han sido literalmente aniquiladas, como el caso de la Unión Patriótica, partido de izquierda, que sufrió al asesinato de cerca de tres mil miembros o que Colombia arrastra el poco honroso récord de cerca de veinte mil líderes asesinados en diez años, de todas las tendencias y extremos.

Pero esta exclusión no se manifiesta exclusivamente en el campo electoral y político, se expresa en lo económico, lo cultural y lo social. Esta precariedad de nuestro sistema político para abrir espacios reales de ejercicio ciudadano, no se le debería escapar a cualquier estudiante de ciencias políticas.

Las soluciones que deberemos de encontrar los colombianos parten de reconocer importancia a la construcción de espacios para el ejercicio ciudadano, como base para dar viabilidad a las interesantes propuestas que Usted hace. La reflexión sobre ciudadanía es el piso analítico sobre el cual se puede intentar entender el realismo de las propuestas de reforma de la estructura política colombiana.

La orientación del estudio y sus conclusiones, se centra en la estructura electoral, en forma similar al enfoque que el gobierno nacional y el Congreso han dado a la reforma política. No hay duda en que las organizaciones formales de la estructura pública colombiana son el componente más visible del sistema total, así como es aceptable el hecho de que se requieren reformas que le den mayor eficiencia y operatividad, sin embargo, no resulta muy claro que las propuestas de orden formal que se proponen, tengan alguna posibilidad de éxito y parecería repetirse en ellas la crítica de ingenuidad que el mismo estudio le asigna a la institucionalidad política representada en nuestra Constitución.

La fragmentación del Congreso de la República es una expresión de la pobreza programática de los partidos, que como Usted manifiesta, han perdido identidad. La necesidad de crear incentivos para dotar de contenido a las organizaciones políticas, por medio de la métrica electoral, parece en extremo optimista. En las democracias modernas, particularmente las europeas, es difícil afirmar que es el régimen electoral el que ha generado partidos fuertes y llenos de contenido. Podría decirse que es todo lo contrario. Coincidiendo con el hecho de que se requiere fortalecer la base de los partidos, aparecen otras muchas tareas que antecederían a una reforma de la mecánica electoral. Entre ellas se debería analizar y cuestionar los mecanismos internos de partido, la afiliación, la representatividad, la base democrática, la elección de representantes, la estructura en el territorio, la mecánica de construcción del dogma o plataforma política, las reglas internas para negociar desde el poder o la oposición, los sistemas de comunicación y propaganda, en fín, un conjunto de dimensiones determinantes de los comportamientos electorales y de ejercicio de poder.

La relación degradada entre el ejecutivo y el legislativo tiene su origen, entre otras causas, en esa carencia de un libreto de partido, no en un problema de estrategia electoral. Los miembros de un partido carecen de la cohesión programática, ideológica y política, por ausencia de la misma. No hay algo que los aglutine. De esa forma los partidos son conglomerados de microempresarios que, a manera de mercado de las pulgas, ponen su propio negocio político-personal. Lo único será saber escoger entre una plaza u otra, permitiendo, inclusive, cambiar de ella según se comporte el mercado del momento. La estrategia de la dispersión o las listas únicas no deberían variar este comportamiento, ya que el problema no es como se llega, ni siquiera la disciplina orgánica formal, sino la identidad política.

El vacío de propuestas políticas de partido, no significa necesariamente, el vacío de propuestas políticas. Cada parlamentario tiene una concepción personal o colectiva, suscrita a su grupo electoral primario, con el cual constituye un compromiso de representación limitado. Esta es la estructura base del clientelismo, según el cual, el político trabaja para su grupo primario a nombre de la sociedad nacional. Esto se hace por fuera del dogma político del partido, dogma que no existe.

Algo interesante sería analizar si este comportamiento se aleja significativamente de la particular relación que existe en democracias modernas, ampliamente referenciada por estudios realizados por sus colegas de Harvard, donde se hace explícita esta relación político-comunidad electora. Por supuesto que en ese país se opera dentro de las orientaciones y límites que imponen los partidos, sujetos a adscripciones programáticas y no solo formales.

En estas condiciones, las relaciones entre nuestros congresistas y el gobierno carecen de materia, no cuentan con una propuesta de sociedad que represente a los partidos y, por tanto se limita a las negociaciones de muchos representantes políticos débiles, cada uno con un proyecto primordialmente local y parroquial, con un gobierno que debe negociar individualmente sus iniciativas a cambio de pequeños favores de orden local o particular. En las culturas sajonas se ha desarrollado ampliamente la figura del lobby, como expresión aceptada de regulación de estas relaciones. Sorprende en su propuesta, la omisión a esta figura que está en el corazón del esquema de relaciones de las democracias modernas. Por el contrario, Usted propone una figura que busca reducir la ingerencia de los parlamentarios en aspectos estratégicos como el presupuesto que, en última instancia es la expresión material y simple de los compromisos de los representantes con sus representados.

De otra parte se propone es su estudio reducir el Estado para evitar que los políticos presionen por puestos, lo cual no deja de ser una idea extraña, ya que con seguridad Usted sabe que al reducir la oferta, a cambio de reducir la demanda, lo que se logra es aumentar el precio, lo cual es a su vez, un incentivo mayor a hacer más eficiente el cabildeo político, solo que con costos de transacción más altos. Doble perjuicio para la sociedad: menos instituciones y mayores precios de las transacciones ejecutivo-legislativo.

Si las reformas que se plantean en su estudio se originaran en un proceso de modernización y fortalecimiento de los partidos, soportados en una democrática participación de los ciudadanos en la construcción de sus plataformas políticas e ideológicas y en la elección de sus representantes, no cabe duda de que serían viables y hasta exitosas, de no ser así no es fácil entender como este tipo de reformas formales pueden incidir en los problemas estructurales que subyacen en la base de la crisis política nacional.

Finalmente, su informe se centra en el análisis del Banco de la República como síntesis máxima de la institucionalidad económica. Comparto con Usted la importancia de que la política macroeconómica no sea manejada como economía de bolsillo por el ejecutivo y la independencia de la banca central ayuda a la estabilidad, alejando las tentaciones cortoplacistas que aquejan al gobierno. Sin embargo, queda por fuera del análisis la raíz de las reformas a los bancos centrales en el mundo. La pérdida de discrecionalidad en el manejo macroeconómico nacional es un problema que concentra la atención de políticos y economistas en todos los países del planeta. La transnacionalización de capitales y la globalización financiera no son parámetros indiscutibles y, con certeza, serán escenario de profundas transformaciones institucionales en los próximos años, tal como lo anuncian estudios de sus colegas de Harvard. La pertinencia del análisis de esa nueva dependencia macroeconómica surge del reconocimiento del grave vacío institucional global, donde el Fondo Monetario Internacional, está lejos de representar legítimamente los intereses de los pueblos del mundo como una institución verdaderamente global. Este tema, para nada trivial, debería estar contenido en un análisis más cuidadoso de la independencia de la banca central como panacea.

Pero en su análisis sobre la institucionalidad colombiana brillan por su ausencia, preguntas más fuertes sobre el conjunto de la institucionalidad económica colombiana.

Tienen algo que explicar las instituciones de nuevo cuño, orgullo de la economía criolla, que irrumpieron en los años sesenta como depositarios de la verdad técnica y científica, representadas por el glorioso Departamento Nacional de Planeación, el preclaro Banco de la República o el riguroso Ministerio de Hacienda? Serán en algo responsables las facultades de economía que se erigieron como los templos del saber, que reunieron los alumnos más aventajados de las universidades más prestigiosas del mundo desarrollado, laureados y reconocidos como una generación brillante, sobresaliente entre los mejores del continente, conformando un cuerpo docente que educó a egresados de los mejores colegios colombianos, formándolos para servir a la patria con la llama del saber y la capacidad científico técnica? Qué decir de instituciones tan queridas y protegidas, como Fedesarrollo, su socio en esta aventura académica?

Se hace difícil explicar cómo puede convivir, los logros obtenidos en el desarrollo de una fuerte institucionalidad de excelencia alrededor del tema económico y de desarrollo, con universidades, centros de investigación, organismos públicos de planificación, sistemas de servicio público tecnificados y modernos y profesionales capacitados, como evidencia de un esfuerzo del país por lograr la modernización, con una profunda crisis económica, la destrucción de las instituciones públicas, escandalosos y vergonzosos niveles de corrupción y una generalizada ausencia de gobernabilidad. Estoy seguro que Usted comparte conmigo la pertinencia de esta pregunta como parte de un análisis verdaderamente profundo de la institucionalidad colombiana.

Cómo valorar el papel que los técnicos han tenido en la trágica evolución de la vida económica, social y política de nuestro país en las últimas décadas? Cabe alguna responsabilidad a esta generación de profesionales académicamente formados y técnicamente instrumentados, que reemplazaron los viejos burócratas hijos del clientelismo ramplón, siempre grises, con claros vínculos con las clases políticas? Técnicos que con certeza, guardan por Usted una reverencial admiración, algunos de los cuales le han acompañado en este análisis de nuestra realidad institucional.

Debo confesar a Usted que la revisión de su estudio y recomendaciones me genera una reflexión que desborda su contenido y me conduce a una crítica del papel que los académicos juegan en la realidad social y política de nuestra sociedad. Me parece difícil de aceptar el estilo distante, arrogante, insensible, frío y neutro con el cual nuestros técnicos siguen el ejemplo del tono de sus eméritos professors, de los cuales Usted y su Universidad son paradigma máximo. Tanto talento humano no puede seguir perdido para nuestra sociedad, no hay espacio para tanta falta de compromiso, en un país que se debate entre su incuestionable potencial y la irracionalidad de su dirigencia económica, política y académica. Quiero invitarlo a que incluya como hipótesis posibles estas reflexiones en sus juiciosas investigaciones sobre la institucionalidad, con la certeza de que esto ayudaría poderosamente a encontrar los caminos que Usted y nosotros queremos para nuestra nación.