Existe una l\u00f3gica de la pol\u00edtica de desarrollo rural sustentable que ha sido plasmada en una estrategia de largo plazo expresada en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, LDRS, y en las pol\u00edticas de transici\u00f3n que ha seguido la presente administraci\u00f3n. El balance, evaluaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de los avances logrados, as\u00ed como la identificaci\u00f3n de los desaf\u00edos pendientes, deber\u00e1n de formar parte de las estrategias del nuevo gobierno. Inicialmente es necesario remarcar los atributos cr\u00edticos de la nueva estrategia de desarrollo rural sustentable.<\/p>\n\n\n\n
La expedici\u00f3n de la LDRS cre\u00f3 un marco integrador de una pol\u00edtica de Estado que se reforz\u00f3 con el Acuerdo Nacional para el Campo en un hecho pol\u00edtico de validaci\u00f3n de enorme importancia estrat\u00e9gica. Existe un consenso general sobre la necesidad de acelerar la reglamentaci\u00f3n y puesta en marcha de los mecanismos de pol\u00edtica y las adaptaciones institucionales que este marco contiene.<\/p>\n\n\n\n
El enfoque b\u00e1sico de la estrategia se expresa en la asignaci\u00f3n de un rol integrador al territorio, como objeto de la pol\u00edtica, lo cual se expresa en una adaptaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los instrumentos de pol\u00edtica a municipios, distritos y estados, con una visi\u00f3n multidimensional. Con ello se busca superar la cl\u00e1sica idea del dualismo entre agricultura eficiente y comercial, que cuenta con pol\u00edticas que procuran la modernizaci\u00f3n productiva, y las econom\u00edas de subsistencia, que cuentan con pol\u00edticas asistenciales o compensatorias. En consecuencia la actual administraci\u00f3n ha privilegiado una estrategia que busca promover la coordinaci\u00f3n de instrumentos que integren el desarrollo del capital f\u00edsico, humano, econ\u00f3mico productivo y social, en forma integral en territorios espec\u00edficos, privilegiando el municipio como unidad de acci\u00f3n de la pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
Las estrategias definidas por la LDRS tienen el desaf\u00edo de ser desarrolladas en concordancia con los procesos de federalizaci\u00f3n y municipalizaci\u00f3n que conforman la pol\u00edtica de descentralizaci\u00f3n del Estado Mexicano. Los principios fundamentales de la Ley y sus mecanismos institucionales, establecen instrumentos claros de ordenamiento territorial, que se expresan en un mandato que supera claramente el \u00e1mbito de competencia de la secretar\u00eda de agricultura, asign\u00e1ndole un car\u00e1cter intersecretarial, y supera el nivel federal, estableciendo una escala territorial que define roles y responsabilidades a las entidades territoriales. Sin embargo hasta el momento la Ley no ha perdido su impronta sectorial, que la liga en forma excesiva a la SAGARPA. No obstante, son diversos los procesos en los que se ha avanzado hacia procesos de municipalizaci\u00f3n, como es el caso de los recursos de los programas de desarrollo rural de la Alianza para el Campo, los cuales representan menos del 10% del total de recursos aplicados por la secretar\u00eda. La profundizaci\u00f3n de la descentralizaci\u00f3n en un marco nacional, sigue siendo una asignatura pendiente de desarrollo de la Ley, que exige una agenda espec\u00edfica de coordinaci\u00f3n intersecretarial a nivel federal.<\/p>\n\n\n\n
Las estrategias establecidas por la LDRS se relacionan con una compleja estructura normativa que vincula a leyes como la de planeaci\u00f3n, de la administraci\u00f3n p\u00fablica, de equilibrio ecol\u00f3gico, de desarrollo social, entre otras. Todos estos marcos tienen instrumentos que definen \u00e1reas de competencia superpuestas o vinculadas, sin que exista una jerarqu\u00eda normativa compatible con el esp\u00edritu de la LDRS, creando estructuras institucionales y enfoques diversos que debilitan la integralidad de los mandatos y visi\u00f3n de la pol\u00edtica general de desarrollo rural sustentable. La coordinaci\u00f3n de la reglamentaci\u00f3n de las diferentes leyes es una tarea urgente de enorme beneficio para la consolidaci\u00f3n de los instrumentos y mecanismos institucionales.<\/p>\n\n\n\n
La LDRS ha creado una estructura institucional que modific\u00f3 en forma sustantiva las reglas de juego y el ordenamiento de las organizaciones vinculadas a la formulaci\u00f3n, seguimiento y ejecuci\u00f3n de la pol\u00edtica de desarrollo rural. Estos ajustes institucionales presentan diversos grados de avance, de conformidad a procesos de largo plazo que pretenden cambios profundos en las l\u00f3gicas y cultura institucional.<\/p>\n\n\n\n
La creaci\u00f3n de la red de Consejos de Desarrollo Rural Sustentable a nivel municipal, distrital, estatal y federal ha significado un cambio en la operaci\u00f3n de las pol\u00edticas. Se ha realizado un enorme esfuerzo de convocatoria, constituci\u00f3n y operaci\u00f3n de los Consejos, logrando la estructuraci\u00f3n de casi la totalidad, en los cuatro niveles. La formalizaci\u00f3n de estas instancias, no necesariamente significa su pleno funcionamiento bajo el esp\u00edritu de la LDRS. La representatividad, legitimidad y capacidad de gesti\u00f3n son a\u00fan aspectos que requieren ser reforzados, para que est\u00e9n a la altura de las exigencias que les impone las responsabilidades asignadas, en cuanto articuladores b\u00e1sicos de los procesos de planificaci\u00f3n. Hasta el momento la orientaci\u00f3n de los Consejos privilegia los programas espec\u00edficos de desarrollo rural de la Alianza para el Campo y a\u00fan no asumen plenamente la gesti\u00f3n del conjunto de estrategias de desarrollo que afectan al mundo rural, por ejemplo social o ambiental, a pesar de su participaci\u00f3n en procesos integrales de planeaci\u00f3n territorial. Sin duda la mayor fuerza de estos Consejos estriba en su capacidad ordenadora de la participaci\u00f3n de los actores sociales en los procesos de desarrollo.<\/p>\n\n\n\n
En forma paralela y complementaria se ha venido trabajando en la constituci\u00f3n de los comit\u00e9s territoriales de los sistema producto, que constituyen una instancia institucional que busca ordenar las estrategias de desarrollo productivo. Estos comit\u00e9s tienen un papel muy importante en las estrategias de desarrollo econ\u00f3mico y crean una nueva l\u00f3gica de interlocuci\u00f3n entre las organizaciones de productores y el Estado, reduciendo el corporativismo y creando nuevos incentivos al fortalecimiento de las cadenas de valor agregado. El desaf\u00edo de integraci\u00f3n de los Consejos de Desarrollo Rural y los Comit\u00e9s Sistema Producto se presenta como un aspecto crucial en la articulaci\u00f3n e integralidad de las pol\u00edticas agropecuarias y rurales.<\/p>\n\n\n\n
Las responsabilidades asignadas al municipio en el nuevo marco de descentralizaci\u00f3n de la pol\u00edtica de desarrollo rural exige la revisi\u00f3n de sus capacidades t\u00e9cnicas. En la mayor\u00eda de los municipios, particularmente los de mayor ruralidad y marginalidad, se presentan falencias graves en su capacidad de planeaci\u00f3n y gesti\u00f3n. Este problema se ha venido enfrentando con programas espec\u00edficos de refuerzo, con coordinadores t\u00e9cnicos financiados con programas de la Alianza y los municipios mismos. La estrategia de mediano plazo tiende a la constituci\u00f3n de oficinas permanentes de desarrollo rural que refuerce a los ayuntamientos y permita que estos cuenten con equipos t\u00e9cnicos que puedan asumir aut\u00f3nomamente las responsabilidades del desarrollo rural y local. Para ello se requiere de la revisi\u00f3n de las capacidades p\u00fablicas en el territorio, las cuales siguen estando primordialmente en cabeza de la federaci\u00f3n con los Distritos de Desarrollo Rural y las dependencias de desconcentraci\u00f3n municipal de SAGARPA. El tema del desarrollo de capacidades locales tiene que seguir siendo una responsabilidad del Gobierno Federal, como fase de la transici\u00f3n de responsabilidades a los municipios, para evitar el riesgo que implica ahondar las brechas territoriales en detrimento de los municipios de mayor marginalidad.<\/p>\n\n\n\n
En este proceso los estados tienen un papel crucial. La federalizaci\u00f3n implica llevar el proceso de desconcentraci\u00f3n de las entidades federales a los estados. La transferencia de las estructuras de las delegaciones de las secretar\u00edas federales a los estados, en materia de desarrollo rural, caracteriza uno de los m\u00e1s importantes tr\u00e1nsitos de la institucionalidad en el sector, lo cual se refleja en un papel cada vez m\u00e1s protag\u00f3nico de las secretarias estatales de agricultura y desarrollo rural. Los avances en este proceso son marcadamente desiguales, dependiendo nuevamente de las capacidades institucionales, pero igualmente de la profundizaci\u00f3n de los cambios en las reglas de operaci\u00f3n y asignaciones presupuestarias.<\/p>\n\n\n\n
La municipalizaci\u00f3n de las estrategias de desarrollo rural presenta limitaciones en aspectos cruciales, lo cual fue recogido en la LDRS al acoger una visi\u00f3n regional y territorial en la figura de los distritos de desarrollo rural. Definidos como \u00e1reas homog\u00e9neas de gesti\u00f3n que permitan optimizar los recursos y las estrategias en niveles supramunicipales, se han encontrado con una estructura institucionalizada tradicional en la desconcentraci\u00f3n de la SAGARPA. Los Distritos de Desarrollo Rural existentes en la actualidad, son instancias de la estructura federal y no responden a un proceso de descentralizaci\u00f3n y autonom\u00eda territorial, con iniciativas de planeaci\u00f3n y gesti\u00f3n que vayan desde lo local a lo regional. Hay diversos procesos de regionalizaci\u00f3n y territorializaci\u00f3n que forman parte de los procesos nacionales de ordenamiento territorial. Estrategias como las de microrregiones de SEDESOL o la de microcuencas de SEMARNAT o los mecanismos de intermunicipalidad o mancomunidades que considera la legislaci\u00f3n, son ejemplos de procesos de territorialidad que tienen un enorme potencial para optimizar las pol\u00edticas de desarrollo rural y que deben de formar parte de la agenda de ordenamiento de la pol\u00edtica en general, de forma que ofrezcan compatibilidad en un marco de coordinaci\u00f3n, cooperaci\u00f3n y subsidiaridad.<\/p>\n\n\n\n
El programa de asistencia t\u00e9cnica para los procesos de desarrollo econ\u00f3mico rural ha consolidado una estrategia soportada en una amplia red de prestadores de servicios profesionales que privatizaron los servicios a los productores, asociaciones e, incluso, a las municipalidades. El desarrollo de programas de financiamiento y subsidio de los servicios imprime un \u00e9nfasis de demanda, acercando a los usuarios de los servicios a las decisiones relativas al uso de los servicios profesionales. El esfuerzo en la creaci\u00f3n de un mercado de servicios ha dejado atr\u00e1s los esquemas de extensionismo p\u00fablico y ha permitido la ampliaci\u00f3n de la cobertura, focalizaci\u00f3n y pertinencia en los servicios y un control de calidad con la participaci\u00f3n directa de los usuarios. Sin embargo este es un esquema de enorme exigencia en t\u00e9rminos de formaci\u00f3n, control de calidad y operaci\u00f3n de los auxilios para acceder a los recursos. Sin duda este es un aspecto cr\u00edtico para los procesos de modernizaci\u00f3n, diversificaci\u00f3n y reconversi\u00f3n de las econom\u00edas rurales y requerir\u00e1 de un refuerzo permanente con una enorme responsabilidad p\u00fablica. A\u00fan el proceso no se consolida en una visi\u00f3n de mercado de servicios y los procesos de certificaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y control de calidad deben ser garantizados.<\/p>\n\n\n\n
Las responsabilidades, funciones y gestiones de la estructura institucional establecida en la pol\u00edtica de desarrollo rural tienen un eje conductor que le proporciona un libreto de actuaci\u00f3n, centrado en los procesos de planeaci\u00f3n, como herramienta b\u00e1sica de operaci\u00f3n. Los procesos de diagn\u00f3stico, visi\u00f3n, definici\u00f3n estrat\u00e9gica, formulaci\u00f3n de programas y, finalmente, su reflejo en proyectos de inversi\u00f3n, constituyen un espacio de transici\u00f3n con nuevos actores y reglas.<\/p>\n\n\n\n
Dentro de las innovaciones propias de los enfoques territoriales se encuentra la aparici\u00f3n del concepto de proyectos estrat\u00e9gicos territoriales, en contraste con proyectos individuales, puntuales y dispersos. Una de las caracter\u00edsticas t\u00edpicas de un proyecto de esta naturaleza es su intersectorialidad, expresada en la integralidad de los proyectos, en el privilegio a bienes p\u00fablicos o semip\u00fablicos y el involucramiento de un conjunto de agentes p\u00fablicos. La elaboraci\u00f3n participativa, a trav\u00e9s de los Consejos, de los planes municipales es la expresi\u00f3n que mejor caracteriza este proceso de planeaci\u00f3n. A pesar de esto, este tipo proyectos a\u00fan no representan una parte sustantiva de la inversi\u00f3n en desarrollo rural. El refuerzo en el desarrollo de capacidades para la planeaci\u00f3n territorial, espacial y regional es un aspecto cr\u00edtico de la pol\u00edtica de desarrollo rural y una responsabilidad de los niveles federales y estatales.<\/p>\n\n\n\n
La planeaci\u00f3n territorial participativa y t\u00e9cnicamente estructurada implica un privilegio a una visi\u00f3n de demanda, donde los beneficiarios y usuarios de la pol\u00edtica dejan el papel exclusivo de objetos de la pol\u00edtica y asumen, adicionalmente, un papel de sujetos, activos, participantes y definitorios en los procesos de toma de decisi\u00f3n de la formulaci\u00f3n de la pol\u00edtica y en su gesti\u00f3n y control social. Esto define una estructura de abajo-arriba que ha demostrado su impacto favorable en cuanto a pertinencia, calidad de gasto p\u00fablico e incremento de los impactos. La complementariedad de modelos t\u00e9cnicos de planeaci\u00f3n y procesos pol\u00edticos de participaci\u00f3n, sigue siendo un enorme desaf\u00edo de una estrategia de esta naturaleza que remite a un tema de desarrollo de capacidades y formaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En contraste con las estrategias de planeaci\u00f3n por demanda, la pol\u00edtica sectorial se ha caracterizado por un marcado sentido de oferta. Por esta raz\u00f3n el programa de desarrollo rural de la Alianza por el Campo realiz\u00f3 un esfuerzo de integraci\u00f3n de programas orientados por productos o actores a uno pocos programas orientados por procesos centrados en tres estrategias: capitalizaci\u00f3n (PAPIR), organizaci\u00f3n (PROFEMOR) y capacidades (PRODESCA). El esp\u00edritu de estos programas es el de disponer de recursos que proporcionen la flexibilidad necesaria para que la demanda sea la que oriente sus prioridades y enfoques. Este proceso debe ser reforzado, sin embargo el verdadero desaf\u00edo es el de proyectar este mismo principio al conjunto total de pol\u00edticas y programas que llegan al mundo rural. Hay dos procesos que deben ser convergentes, uno de crear y fortalecer la demanda de pol\u00edticas y programas y otro de darle a la oferta de pol\u00edticas la flexibilidad necesaria para que establezca los est\u00edmulos y mecanismos para que la planeaci\u00f3n territorial que se promueve, cuente con mecanismos de financiamiento y viabilidad. Sin embargo estos dos procesos no avanzan en forma acompasada y se evidencia mayor celeridad en crear procesos participativos de planeamiento, que en los cambios que han de ocurrir en los enfoques de aplicaci\u00f3n de las pol\u00edticas. Esta es una tarea urgente que debe atender el nivel federal.<\/p>\n\n\n\n
Posiblemente la novedad mayor de la introducci\u00f3n de los modelos territoriales en las pol\u00edticas de desarrollo rural, y su m\u00e1s caracterizada impronta, es la necesidad de crear mecanismos de coordinaci\u00f3n y concurrencia de las estrategias e inversiones sectoriales sobre el territorio. As\u00ed fue priorizado en la LDRS, que acogi\u00f3 la concurrencia como uno de sus principios y defini\u00f3 el Programa Especial Concurrente, PEC, como una de sus herramientas b\u00e1sicas de gesti\u00f3n. La concurrencia ha permitido visibilizar las inversiones p\u00fablicas orientadas a lo rural, identificar las agencias federales que intervienen y sensibilizarlos sobre su papel en el desarrollo rural. Sin embargo el logro de la concurrencia se ha constituido en uno de los m\u00e1s grandes desaf\u00edos de la nueva estrategia, donde, a pesar de algunos avances, se requiere una profunda reflexi\u00f3n y la creaci\u00f3n de mecanismos m\u00e1s eficaces.<\/p>\n\n\n\n
La m\u00e1xima instancia de coordinaci\u00f3n de la planeaci\u00f3n recae sobre la Comisi\u00f3n Intersecretarial con la responsabilidad de garantizar el proceso de concurrencia. Es responsabilidad de esta instancia la creaci\u00f3n y adopci\u00f3n de mecanismos de planeaci\u00f3n, presupuesto e inversi\u00f3n que garanticen las sinergias entre los diferentes sectores. Al sector rural le llegan cerca de 10 mil millones de d\u00f3lares de inversi\u00f3n federal, casi la mitad en presupuesto de SAGARPA y s\u00f3lo cerca del 4% corresponde a los programas de desarrollo rural de la Alianza para el Campo. La identificaci\u00f3n de estos recursos, as\u00ed como su ajuste a las prioridades de la pol\u00edtica definida por la LDRS, son un paso importante en la conformaci\u00f3n de una estrategia de concurrencia, sin embargo se requiere de mecanismos expl\u00edcitos de coordinaci\u00f3n en su ejecuci\u00f3n para que realmente respondan a procesos de planeaci\u00f3n e inversi\u00f3n basada en sinergias territoriales. Este es el principal desaf\u00edo que tiene la Comisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La estrategia institucional se centra en el ordenamiento de los instrumentos alrededor de programas, sistemas, servicios y fondos. Se busca a trav\u00e9s de ellos, hacer realidad los principios de descentralizaci\u00f3n, concurrencia e integralidad. Todos ellos conforman una estructura de operaci\u00f3n que ha sido parcialmente desarrollada. Desde la perspectiva federal, son estos los mecanismos concretos de coordinaci\u00f3n del gasto, lo cual debe verse reflejado en sus procesos de planeaci\u00f3n y operaci\u00f3n. Dada la naturaleza sectorial de los programas federales, se abre la necesidad de avanzar en procesos reglamentarios de la LDRS que obliguen a la gesti\u00f3n coordinada de los diferentes sectores.<\/p>\n\n\n\n
La realidad del proceso de desarrollo institucional y de planeaci\u00f3n del desarrollo rural ha conducido, en los hechos, a que la concurrencia est\u00e9 soportada por los procesos municipales y locales, en la definici\u00f3n de los proyectos estrat\u00e9gicos territoriales. La demanda desde los municipios est\u00e1 presionando las acciones concurrentes, pero no necesariamente se ve reflejada en las reglas de operaci\u00f3n del total de recursos que cobija el PEC. Las diferentes prioridades, l\u00f3gicas de operaci\u00f3n, regionalizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los recursos sectoriales hacen que se dificulte la concurrencia misma. La l\u00f3gica de oferta que caracteriza la pol\u00edtica p\u00fablica federal se contrapone con la l\u00f3gica de demanda de los procesos de planeaci\u00f3n impulsados por la nueva institucionalidad. Esta es una de las m\u00e1s importantes tareas pendientes y una de las m\u00e1s claras responsabilidades de la planeaci\u00f3n federal para el medio rural, que se deber\u00e1 traducir en la aplicaci\u00f3n de enfoques de coordinaci\u00f3n territorial del gasto federal, basados en un acuerdo intersecretarial que le permita a la Comisi\u00f3n contar con herramientas claras y operativas de concurrencia.<\/p>\n\n\n\n
Las pol\u00edticas de desarrollo rural pueden ser clasificadas en t\u00e9rminos de los destinatarios del gasto y la naturaleza de los proyectos o actividades que son beneficiadas con la inversi\u00f3n. De un lado se encuentra el conjunto de programas y proyectos que buscan proteger la rentabilidad de las actividades rurales o del ingreso, por medio de diferentes formas de transferencias directas a productores o pobladores rurales, en esta categor\u00eda se encuentra todo el conjunto de subsidios. De otro lado se encuentran los programas y proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica orientados a la provisi\u00f3n de bienes p\u00fablicos, entre los que se destacan la infraestructura, la tecnolog\u00eda, el desarrollo institucional y la formaci\u00f3n de capacidades.<\/p>\n\n\n\n
En el modelo territorializado de la pol\u00edtica de desarrollo rural sustentable se advierte con claridad el privilegio a las inversiones en bienes p\u00fablicos antes que en transferencias directas. La raz\u00f3n de ello estriba en el hecho de que las inversiones en bienes p\u00fablicos act\u00faan como multiplicadores que atraen la inversi\u00f3n privada, en tanto que las transferencias directas act\u00faan como sustitutos de la misma. El territorio es el espacio en el cual se generan las externalidades positivas que los bienes p\u00fablicos transfieren a las empresas, mejorando su entorno competitivo y ampliando sus posibilidades productivas. Finalmente son dos formas de transferir beneficios, solo que el tratamiento territorial permite entender, identificar y gestionar en forma m\u00e1s eficiente las inversiones en bienes p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
Los procesos de planeaci\u00f3n que se desprenden de la transici\u00f3n que vive el desarrollo rural a partir de la LDRS, est\u00e1 m\u00e1s orientada o predispuesta a la formulaci\u00f3n de planes estrat\u00e9gicos territoriales basados en programas de provisi\u00f3n de bienes p\u00fablicos. Este punto es crucial para entender las din\u00e1micas de desarrollo que este modelo implica. Los planes estrat\u00e9gicos territoriales ofrecen menos beneficios para la negociaci\u00f3n de la distribuci\u00f3n de transferencias directas que para la asignaci\u00f3n consensuada de recursos de beneficio general. Este es un tema de gran importancia que ha de ser cuidadosamente explorado e incluido en las estrategias de inversi\u00f3n, de cara a las modificaciones en las pol\u00edticas, particularmente de agenda interna, que se avecinan con el cumplimiento de los acuerdos que se desprenden del Tratado de Libre Comercio. All\u00ed el enfoque territorial ofrece enormes oportunidades para el ordenamiento y optimizaci\u00f3n de la inversi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
El desarrollo de capacidades es una urgencia mayor para el logro de las metas propuestas en la construcci\u00f3n institucional y en la planeaci\u00f3n participativa. Este es uno de los frentes de mayor dinamismo en el desarrollo de la LDRS, en respuesta al incremento de los actores activos en la formulaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y control social de las pol\u00edticas de desarrollo rural sustentable. Las capacidades institucionales, empresariales, comunitarias e individuales son un factor cr\u00edtico para el \u00e9xito de la estrategia general.<\/p>\n\n\n\n
Las brechas regionales existentes en M\u00e9xico, producto de la enorme heterogeneidad y diversidad territorial, se expresa en condiciones diferenciales de posibilidades de acceder a las oportunidades que ofrece el crecimiento econ\u00f3mico, la apertura de los mercados y las inversiones. La clara correlaci\u00f3n entre marginalidad o pobreza y las capacidades, establece un significativo desaf\u00edo para la equidad y la eficiencia en la aplicaci\u00f3n de los modelos de desarrollo. El eje central de un desarrollo equilibrado parte de la comprensi\u00f3n de la marginalidad y la pobreza como un problema de capacidades. Esto valida la estrategia de desarrollo rural definida por la actual administraci\u00f3n, centrada en el mejoramiento de las capacidades organizativas, t\u00e9cnicas y de capitalizaci\u00f3n, como fundamentos de la recuperaci\u00f3n de la viabilidad de las econom\u00edas rurales y del desarrollo democr\u00e1tico de la institucionalidad rural.<\/p>\n\n\n\n
El desarrollo de capacidades adquiere, de esta forma, un sentido integral que abarca desde el fortalecimiento institucional hasta los modelos de innovaci\u00f3n. El apoyo t\u00e9cnico y la capacitaci\u00f3n son componentes concretos de los procesos en los cuales ser\u00e1 necesario insistir y reforzar como parte central de la pol\u00edtica de desarrollo.<\/p>\n\n\n\n
El Sistema Nacional de Capacitaci\u00f3n y Asistencia T\u00e9cnica, SINACATRI, y su respectivo servicio, se ha configurado como un buen ejemplo de concurrencia, as\u00ed reconocido por las instituciones y usuarios, a pesar de lo cual la constituci\u00f3n del respectivo Fondo no ha sido posible, por lo cual se siguen manejando presupuestos institucionales independientes, pero en un claro marco de concurrencia. El desarrollo y profundizaci\u00f3n del Plan Nacional de Capacitaci\u00f3n y Asistencia T\u00e9cnica que orienta las acciones del SINACATRI y el avance en la constituci\u00f3n del Fondo, ofrece una enorme rentabilidad social expresada en mayores impactos y mejora en la calidad del gasto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
La econom\u00eda rural es una econom\u00eda de localizaci\u00f3n o localizaciones, donde los aspectos de acceso a los factores productivos determinan patrones de uso del suelo y distribuci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas particulares que requieren abordajes que permitan atender expl\u00edcitamente las limitantes y oportunidades que ofrecen sus patrones de localizaci\u00f3n. Los recursos del territorio en forma de capitales f\u00edsicos, financieros, institucionales, humanos y sociales concurren en un espacio para crear una din\u00e1mica particular de flujos diversos. El factor distintivo de estos espacios, frente a los urbanos, es el que se define por los recursos naturales como factor determinante del car\u00e1cter de la base econ\u00f3mica rural. De esta forma es necesario entender un modelo de desarrollo econ\u00f3mico rural, como aquel que optimice los patrones de localizaci\u00f3n respecto de una oferta dada de patrimonio natural, sea este suelo, agua, biodiversidad o paisaje.<\/p>\n\n\n\n
Las actividades que definen la localizaci\u00f3n, o que explican el porqu\u00e9 del espacio rural, se encuentran inmersas en diverso tipo de encadenamientos de valor agregado que conduce a la creaci\u00f3n de conglomerados productivos. Estos conglomerados enlazan los diferentes sectores primarios, de transformaci\u00f3n o de servicios en procesos que definen el potencial de generaci\u00f3n de valor agregado en el territorio mismo. De all\u00ed vienen los diferentes enfoques de desarrollo end\u00f3geno, de sistemas agroalimentarios localizados, competitividad territorial y marketing territorial que proporcionan pistas para esquemas menos limitados por visiones parciales de econom\u00edas de producto.<\/p>\n\n\n\n
Esto conduce necesariamente a una visi\u00f3n de la producci\u00f3n rural como una econom\u00eda diversificada y multisectorial que se estructura alrededor de una actividad base ligada a patrones de localizaci\u00f3n dados por la distribuci\u00f3n de los recursos naturales. El enfoque territorial implica, en consecuencia, una visi\u00f3n renovada de la econom\u00eda de cluster, de polos de desarrollo y de especializaci\u00f3n territorial. Esto tiene un enorme impacto en las estructuras de planeaci\u00f3n y de organizaci\u00f3n institucional, as\u00ed como de orientaci\u00f3n de los procesos de desarrollo de capacidades, en procesos que ya se ha venido avanzando.<\/p>\n\n\n\n
La reorientaci\u00f3n de las estrategias econ\u00f3mico productivas en un sentido territorial, favoreciendo la consolidaci\u00f3n, el fortalecimiento y la competitividad de cluster productivos agropecuarios y no agropecuarios es una estrategia de alta rentabilidad. Para ello, los avances en t\u00e9rminos de reordenamiento institucional, descentralizaci\u00f3n, concurrencia, participaci\u00f3n y desarrollo de capacidades ofrece un escenario prometedor que invita a la profundizaci\u00f3n de las estrategias y a la atenci\u00f3n a los desaf\u00edos que impone los ajustes de la pol\u00edtica p\u00fablica en el nuevo escenario de replanteamiento de la agenda interna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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