Importancia de los territorios rurales

Los colombianos hemos llegado a un punto crítico de resistencia al cambio. Tantas banderas quemadas en aras de llamados a abordar las grandes transformaciones, que bajo discursos de revoluciones pacíficas, saltos sociales y cambios para la paz, han dejado un insatisfecho sabor de frustración, seguida de la más pura desesperanza. Hemos agotado el discurso, pero no hemos agotado la agenda. La promesa de modernización, de justicia social o de solución política de los conflictos, por fracasada, no deja de ser válida, urgente y necesaria.

Entre tanto, la extraña forma de archivar las tareas por vencimiento de términos y no por haberla concluido, ensombrece desde siempre las posibilidades de comprensión y solución de los problemas del medio rural. Nadie duda hoy del papel protagónico que tiene el medio rural en el agravamiento o solución de la crisis violenta en que nos hundimos cada vez más, pero al igual que con el cambio, ha pasado a ser uno de los tantos temas que se agotan y sustraen de la agenda por considerarlos insolubles o porque caducan sin haber sido enfrentados, menos aún, solucionados.

Hay una perversa tendencia a atribuirle importancia a lo rural por sus problemas, antes que por sus potencialidades poco comprendidas y valoradas. Consideramos que hay que tomar medidas, desesperadas por lo general, ante la inmensa pobreza y la violencia desatada e incontrolable que viene de ese mundo rural. Podemos ser categóricos en afirmar que mientras se sigan viendo las soluciones al campo como compensadoras, asistenciales y caritativas, estaremos imposibilitados para brindar verdaderas respuestas estructurales y de largo plazo.

El sector rural colombiano no es la fuente de los males, tanto como la fuente de las soluciones, no solamente de las soluciones a la crisis del campo, sino las soluciones a la crisis nacional. En las regiones rurales colombianas se genera el 45% del producto interno bruto nacional y el 51% de las exportaciones. La estructura regional colombiana indica un país con un predominio rural mucho mayor del que normalmente le atribuimos. Hemos asumido la cifra engañosa de una población urbana del 71%, que corresponde a la residente en las cabeceras municipales. Pero la verdad es que en Colombia sólo el 47% de la población reside en centros poblados mayores de 100 mil habitantes, en tanto que el 44% reside en poblaciones menores de 30 mil o en el campo en forma dispersa, donde reside el 29%.

Todo esto demuestra que el país sigue siendo un país con un peso mucho mayor del mundo rural de lo que estamos acostumbrados a reconocer y lo que ha conducido a subestimar la importancia que tiene en el desarrollo nacional, subvalorar su aporte y asignar recursos y prioridades menores de las requeridas para garantizar un desarrollo equilibrado. No reconocer el papel estratégico de lo rural es una razón evidente de los complejos problemas que aquejan al país y fuente de los grandes conflictos no resueltos que acumulamos en la historia nacional.

Revalorar el sector rural significa verlo en interacción con los otros sectores, entender las dinámicas de relación que tiene con ellos e identificar los mecanismos y las estrategias políticas que permitan repriorizar el sector rural, darle nuevo espacio, crear nuevos sentidos de los flujos de recursos y decisiones. Además significa plantear la hipótesis fundamental de que el futuro de Colombia depende de lo que se haga con el sector rural ya que tanto potencialidades como factores de desestabilización están en él.

Esta posición tiene implicaciones muy importantes en la reorientación de las decisiones de política macroeconómica, en el tema de política cambiaria, de política comercial, de política fiscal, el tema de las inversiones, que son decisiones macro de la economía que afectan y orientan en términos intersectoriales la dinámica de todo el conjunto del desarrollo. Implica además un análisis de cómo se dan las transferencias, ya sea directas, o porque los excedentes del sector rural se van hacia el sector urbano o a través de los precios relativos diferenciales, y qué mecanismos existen para revertir esas transferencias a favor del sector rural.

Por otra parte, revalorar el sector rural significa medir en forma integral los aportes que hace el sector rural a la sociedad y a partir de esto desarrollar las respuestas sobre cuánto la sociedad en su conjunto está dispuesta a pagar por obtener esos resultados que el sector puede ofrecer en términos de su modelo de desarrollo, es decir, cuánto está dispuesta a pagar por tener unos recursos de oferta ambiental, por tener estabilidad política y social o por tener reducciones significativas en los niveles de pobreza y desigualdad.

Sin embargo, en el campo se observa una combinación paradójica entre grandes potencialidades, grupos de actividad económica y social de gran importancia para toda la economía nacional, y procesos absolutamente indeseables de exclusión, miseria y violencia que se agudizan cada vez más. La situación actual del sector rural, muestra cómo en él convergen múltiples fenómenos con una gran capacidad de desestabilización de todo el conjunto del desarrollo nacional. De hecho, el sector rural colombiano se ha convertido en el escenario en el cual se concentran en mayor medida las condiciones de pobreza, de desigualdad, de violencia, de desestabilización y pérdida de fortaleza de las instituciones políticas y del Estado. La aparición con gran fuerza de la economía del narcotráfico, la profundización del conflicto guerrillero, las expresiones de respuesta de autodefensas y grupos paramilitares son ejemplos del deterioro de los mecanismos de desarrollo de ese sector rural colombiano.

El territorio rural colombiano

Las cuatro últimas décadas han significado para Colombia una importante transformación de su estructura económica, política y social. Hemos sido testigos de un claro proceso de urbanización que ha establecido el predominio de cinco grandes centros metropolitanos y la consolidación de una estructura urbana de cerca de 85 ciudades que superan los cien mil habitantes, como centros regionales de significativa importancia.

En la primera mitad del siglo XX Colombia era un país esencialmente rural, caracterizado por un predominio de las actividades agrícolas de producción de bienes primarios y una muy baja integración de sus economías. El aislamiento, la distancia y la soledad de la población, mayoritariamente localizada en áreas remotas y en forma dispersa, daban la idea de una sociedad anclada en el tiempo, con muy pocas diferencias de la estructura y cultura que vio nacer a la república en los principios del siglo XIX.

La vida colombiana era la vida rural, el país estaba encerrado entre sus fronteras en términos culturales, sociales y económicos y las costumbres, tanto cívicas, como políticas tenían el tono de relaciones parroquiales, con la impronta de una sociedad pastoril y muy baja secularización. El poder estaba basado en la tierra, de donde se desprendían las estructuras políticas y las tensiones. Las costumbres, con profundos principios confesionales, daban a la religión un papel preponderante en la vida pública y privada.

La economía rural predominante estaba determinada por estructuras no integradas, con una alta participación de producción de subsistencia, aislada de los mercados, particularmente por la inexistencia de sistemas de comunicación, con mercados no desarrollados y una muy baja demanda, por muy bajos niveles de interacción y la inexistencia de centros de consumo importantes.

Los excedentes económicos de la sociedad estaban centrados en la explotación de bienes primarios, con muy bajos niveles de ahorro e inversión y una interconexión con el mundo basada en la exportación del café como único producto. Las condiciones de vida de la población, en estos años, indicaba retrasos muy importantes en términos de salud, educación y desarrollo humano en general, evidenciando el carácter premoderno de la sociedad colombiana.

Así llegó Colombia a la década de los cuarenta, años de la segunda guerra mundial, cuando el entorno internacional se transformó sustancialmente y se produjeron fuertes cuestionamientos a las condiciones del modelo colombiano, que obligaban a la realización de profundos cambios en la concepción, los principios y estrategias del desarrollo. En otras palabras, se llegó al convencimiento, ante las evidencias, de que el país no podía continuar con el tipo de estructura que tenía y que impedía de diversas maneras el encuentro con mejores y más sostenibles oportunidades para su población.

El proceso vivido desde los años cincuenta se caracterizó por un fuerte proceso de urbanización, con esfuerzos por la industrialización de la economía y el paso de país parroquial a una sociedad abierta. Este proceso marcó una dinámica económica que fue centrando la atención del desarrollo en los espacios urbanos que marca el tránsito hacia la sociedad con mayores elementos de modernidad que vivimos en nuestros días.

Sin embargo, este cambio no se dio exclusivamente en las zonas urbanas, sino que tuvo fuertes implicaciones en las áreas rurales, transformándolas en diversos sentidos. En términos demográficos, la población rural se ha mantenido en tamaños prácticamente estables desde los años sesenta, producto de una fuerte emigración rural, que fue absorbida por las ciudades de rápido crecimiento, creando flujos poblacionales que se acompañaron de diferentes formas de expulsión de población, entre ellas intensos conflictos que desembocaron en dramáticas expresiones de violencia.

Las transformaciones en el ámbito productivo rural estuvieron marcadas por significativas transformaciones en la base tecnológica de la producción, que aumentaron los niveles de productividad y con ello los volúmenes de producción de alimentos para responder a los crecientes mercados urbanos. Estos procesos, no intensivos en ocupación de los excedentes de mano de obra rural, ayudaron a los procesos de expulsión de población. La cantidad de mano de obra requerida para la producción se redujo y la participación del sector agropecuario en la producción total nacional se fue rezagando, ya que los sectores industriales y terciarios crecieron a ritmos mayores que el primario agropecuario. De esa forma la actividad básica de producción de alimentos ha llegado a significar sólo el 14% del producto bruto nacional.

La economía rural colombiana está sometida a un proceso de integración multisectorial de cadenas de valor agregado basadas en la alta interdependencia de mercados de factores, insumos y productos. Tradicionalmente se ha manejado conceptual y políticamente el espacio de lo rural, como un equivalente estricto de lo agropecuario, es decir de la producción primaria de alimentos, como actividad desarrollada en concordancia con la natural demanda de tierras de esta actividad. Esta era claramente la realidad durante la primera mitad del presente siglo, cuando el país contaba con muy precaria infraestructura de comunicaciones y muy reducidos mercados urbanos que favorecieran una amplia producción agropecuaria, más allá del autoconsumo.

La historia y la conformación del país está íntimamente relacionada y sería imposible explicarla si no se hace desde la perspectiva de la economía rural. La ocupación del territorio, la conformación de regiones, y la estructura económica han dependido esencialmente, hasta hace muy poco tiempo, de la economía del sector rural; además la capacidad de incorporación de Colombia en el mundo ha estado asociada con el sector rural y la industrialización y urbanización que ha sufrido el país durante las últimas décadas han sido alimentadas y desarrolladas a partir de esos procesos que se han dado en el sector rural.

Si se mira desde la perspectiva económica estrictamente, el modelo de industrialización, basado en la sustitución de importaciones, fue posible gracias a un flujo muy importante de recursos del campo hacia la ciudad, a través de los excedentes que generados en el primero, se invirtieron en la segunda y que aún hoy sigue siendo muy alto. Pero este proceso no es el único que determina la importancia que ha tenido el sector rural en la historia nacional: la integración de los mercados laborales, sin los cuales no se puede entender la construcción del aparato industrial colombiano, tuvo como uno de sus pilares la gran disponibilidad de mano de obra que ha proveído el campo desde siempre y que le ha significado la generación de graves procesos de expulsión.

El territorio rural y la justicia social

Con respecto a la equidad, gran objetivo de cualquier modelo de desarrollo, la importancia del sector rural tiene dos aspectos básicos: uno, dentro del sector mismo, en términos de sus características de concentración de altos niveles de pobreza y de estructuras de desigualdad y exclusión; y el segundo, en términos del papel que cumple el sector rural con respecto a los factores de equidad de la totalidad de la sociedad.

La dimensión social del desarrollo tiene como foco esencial la definición de objetivos relativos a la organización de la sociedad para cumplir con metas de incorporación y bienestar de todos sus miembros. La sociedad rural deberá ser el resultante de un conjunto de relaciones económicas, políticas y culturales, basadas en la historia, la tradición, las estructuras productivas y organizacionales que tienen su expresión en arreglos institucionales, visiones de sociedad y fuerzas integradoras que permiten compartir objetivos y metas comunes y crear una energía que mueva la sociedad hacia el futuro.

La consolidación de una sociedad nacional, pasa por el fortalecimiento de la sociedad rural, donde se identifican objetivos como:

El reconocimiento de las formas de organización social prevalecientes en las zonas rurales, particularmente las relativas a población campesina, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas y raizales, grupos de colonos, asalariados del campo, pequeños grupos campesinos de minifundio, organizaciones empresariales y modernas empresas capitalistas, organización pública y una amplia gama de grupos sociales que comparten su vida entre las zonas rurales y urbanas.

Cada uno de estos grupos tienen un papel en la conformación de la nacionalidad, mas allá de una lógica económica de eficiencia y mercado y tienen su razón de ser en lo que podemos denominar identidad nacional. Es decir en los elementos integradores de lo que denominamos Colombia.

Lo que une o articula a estos grupos con su acción económica y política se convierte en fundamento del desarrollo político de la sociedad en su conjunto. Por tal razón se hace imprescindible incorporar a la visión general de la sociedad las visiones particulares de cada uno de sus integrantes, con la seguridad de que su suma será la única verdadera sociedad colombiana.

Pero esta construcción de sociedad rural está formada por procesos articulados que atraviesan y dan sentido al tipo de relaciones entre lo económico y lo social. El primer aspecto que es menester considerar es el de la necesidad de que los modelos de crecimiento económico respondan a los objetivos de desarrollo equitativo de todos los grupos de la sociedad y a que sus objetivos sean funcionales a todos, bajo el principio de igualdad de derechos y deberes.

En este marco se debe considerar en primera instancia el rol del trabajo como espacio de articulación. El trabajo, mas allá de opción de ingreso, es, en primera instancia, el factor que vincula a una persona o a un grupo con el conjunto de la sociedad. La construcción colectiva, sea en la producción, la reproducción o en las simples relaciones sociales tienen en el trabajo una forma de realización. Se trabaja para ser parte de la sociedad y con base en ello se establecen los canales económicos para acceder a los beneficios del desarrollo, expresados en mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo humano en un marco social.

En esta línea se encuentra el empleo productivo como una expresión moderna de intercambio de trabajo por ingreso. Los objetivos de desarrollo tienen, por tanto, un componente de generación de opciones de actividad productiva, trabajo, y de un reconocimeinto equitativo y justo a esa contribución a la construcción de sociedad y generación de riqueza. Las formas de organización de la economía deben proporcionar, por tanto una estructura de empleo que posibilite este proceso.

Dentro de este marco, al sector rural se le presenta un reto fundamental en su capacidad de desarrollar las fuerzas económicas que generen, por la vía del empleo productivo de la fuerza laboral de los miembros de la sociedad rural, la riqueza que requiere la sociedad y los mecanismos de distribución a la totalidad de sus miembros.

La visión de que el sector rural tiene una muy baja capacidad para albergar el volumen de población hoy existente en el campo, debido a las restricciones del sector agropecuario de aumentar su participación en los mercados a un ritmo mayor del cual eleva la productividad del factor trabajo, tiene hoy contraevidencias, que muestran una potencial dinámica por efecto de la diversificación de las actividades económicas en las zonas rurales, mas allá del sector agropecuario y de enlaces transectoriales. El reto consiste en que los aumentos en productividad que se están presentando, y que se acentuarán en el futuro, se distribuyan de la mejor forma posible entre todos los miembros de la sociedad. Esto implica que la actividad económica rural, deberá aumentar su rentabilidad y al tiempo mejorar la distribución de esas rentas, particularmente a través de la remuneración al trabajo.

Otro de los aspectos que se relaciona directamente con la posibilidad de que todos los grupos sociales accedan a los beneficios del crecimiento económico del sector se encuentra en la dotación inicial de recursos productivos. La dotación primaria determina las potencialidades de que los esquemas de crecimiento, favorecidos por mejores condiciones de mercado, lleguen a todos los involucrados en el proceso. La redistribución de activos que habla de la posibilidad de que un mayor número de productores cuenten con una dotación mínima de factores productivos, (tierra, capital, tecnología) es un tema central de la discusión de una sociedad con justicia social.

El dilema de que unos grupos de la sociedad tenga mayor dotación de recursos productivos que otros, genera dos diferentes inquietudes. La primera de un principio de igualdad asociado con el acceso relativo a la riqueza, el cual origina discusiones de diferente orden que no necesariamente determinan las condiciones de equidad de la sociedad y la segunda que atiende al hecho de que exista una subutilización de los factores de producción concentrados en pocos grupos.

En el caso colombiano la concentración de factores, particularmente la tierra, se produce en condiciones de subutilización, es decir que en los latifundios se tiene ociosa una parte importante de los factores que deberían estar al servicio de una mayor riqueza de la sociedad. Se presentan los extremos de ineficiencia económica: muchos productores con baja dotación de recursos que sobreexplotan la tierra en condiciones de alta ineficiencia económica y pobreza y de otro lado pocos propietarios que mantienen inexplotada una proporción alta de tierras de gran potencial productivo. Esta situación, además de injusta en términos de los productores pobres, es ineficiente para la sociedad en su conjunto. Este problema no sólo afecta al factor tierra sino que se presenta en el caso del capital y la tecnología.

Por esta razón se hace necesaria una redistribución de activos de la sociedad con el propósito de aumentar el potencial de generación de riqueza y de garantizar una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.

La pobreza, la exclusión, la desigualdad y la inequidad de la sociedad expresan de mejor forma las articulaciones entre los diferentes grupos sociales mediados por relaciones económicas específicas. Cualquiera que sea la definición de la pobreza, su persistencia es un desafío al modelo general de desarrollo y el mayor condicionante a la construcción de una sociedad rural estable. La solución a la problemática de la pobreza está íntimamente relacionada con la posibilidad de incrementar la participación de todos los miembros de la sociedad en actividades productivas con un alto nivel de redistribución de rentas y riquezas por medio de una adecuada remuneración al factor trabajo.

La economía debe posibilitar los medios para que los grupos sociales mas pobres puedan ser incorporados en procesos productivos que generen riqueza sostenidamente y que distribuyan sus beneficios a todos. Las vías para hacerlo tienen un carácter heterogéneo, donde el mercado proporcionará una parte fundamental de las soluciones, pero dejando espacio a otras formas de actividad económica que incluyan sistemas alternativos propios de los diferentes grupos, tales como economías de autoconsumo, economías autárquicas indígenas, explotaciones colectivizadas en comunidades negras, entre otras opciones.

Complementariamente a estas estructuras del desarrollo estrictamente económico se encuentran los procesos de inversión pública en áreas sociales que deben ser complementarias, mitigadoras, compensatorias y, en muchos casos asistenciales, que cubran las necesidades de los grupos que durante el proceso de racionalización de la producción rural, se mantendrán en el mediano plazo al margen de las dinámicas de crecimiento de sectores de gran potencialidad en el mercado. Solo una visión de complementariedad entre la inversión social y el desarrollo productivo podrá redundar en la reducción de los niveles de pobreza y el logro de la justicia social.

Un aspecto a ser considerado en la naturaleza de la sociedad rural es el del papel que diversos grupos cumplen dentro de la lógica de construcción de nación. La preservación del territorio, la conservación de los recursos naturales, la estabilidad de los procesos democráticos y la conservación de un paisaje rural, como parte de nuestra cultura, proporcionan otras consideraciones sobre el papel de las comunidades rurales. El único prisma para establecer la razón de ser de estas comunidades no es su funcionalidad económica al crecimiento y por tanto exige la definición de mecanismos de priorización que establezcan las metas de reconocimiento y fortalecimiento del capital social para el desarrollo nacional.

La sociedad rural aporta elementos fundamentales para el desarrollo social del país, en términos de su contribución directa a la seguridad alimentaria, a la mitigación de las duras condiciones de la pobreza con alimentos de bajo precio, y potencialidad para afectar en forma eficaz los indicadores de pobreza de toda la sociedad, tanto rural, como urbana, la cual se alimenta en forma importante de la extrema marginalidad rural.

Hoy la mayoría de la población en precarias condiciones de vida en Colombia, se concentra en la zona rural y las brechas de pobreza urbano-rurales cada vez son mayores. Aunque en términos absolutos hay más pobres en las zonas urbanas que en el campo, la proporción de pobres entre la población rural es mayor que entre la población urbana y en cierto modo podría decirse que la pobreza urbana es pobreza rural, ya que se explica en gran parte en los flujos de migrantes rurales-urbanos.

Las estrategias nacionales para la solución de este problema, han estado muy asociadas en la esperanza de promoción de los procesos de migración rural-urbano, pensando que la posible solución de la pobreza está ligada al diagnóstico según el cual hay un excedente de población en el campo y en la ciudad existen mejores oportunidades para salir de la pobreza. Esos modelos, particularmente válidos durante los años ’60 y ’70, en los cuales los diferenciales de ingreso y salario real urbano-rural fueron tan marcados gracias al proceso de industrialización, han venido cediendo espacio a un nuevo esquema en el cual la economía urbana se ha mostrado altamente limitada para absorber esos contingentes de población y de mano de obra que buscan mejores opciones en la ciudad. Además, los procesos de desarraigo laboral, económico, cultural, social, etc., que traen estos mecanismos de flujo ponen el duda la lógica de operación sobre la pobreza que hemos tenido hasta ahora en Colombia.

La pregunta que frente a este panorama surge es cómo pueden incidir en la equidad global de la nación, acciones específicas en lo rural. ¿Existe mayor impacto multiplicador y de reducción de la pobreza en las acciones en lo rural o en lo urbano?

Un problema estructural fundamental que explica la descomposición de importantes zonas marginales urbanas, radica en que la población migrante rural-urbana constituye una oferta laboral no calificada, incompatible con las demandas de unos sectores cada vez más modernos de la economía. Frente a esta estructura existe la opción de aprovechar el trabajo productivo de recursos relativamente no calificados en la actividad agropecuaria, más que en nuevos sectores en la actividad industrial y terciaria urbana, es decir, que se requiere generar una utilización intensiva del recurso humano del que disponemos, con características de calificación baja y media donde tenemos que hacer ofertas de posibilidades de trabajo productivo.

Surge de allí una hipótesis fundamental y es que el sector agropecuario, puede ser lo que en su momento fue el sector de la construcción, con la virtud de que no implica desplazamientos de población rural-urbana. Este planteamiento se sostiene, siempre y cuando se asuma que es posible, aún con un amplio margen, elevar los niveles de crecimiento económico de la actividad rural, por la vía de fomentar el trabajo productivo y la productividad de la mano de obra de modo que los beneficios se redistribuyan directamente en el campo, al obrero y al campesino o empresario del campo. Se tendría así un mecanismo para comenzar a generar soluciones estructurales en el mediano plazo y tener un gran impacto sobre el comportamiento de los índices nacionales de pobreza.

El segundo aspecto que hemos mencionado es el del sector rural frente al urbano. Resulta esencial el tema de los precios relativos de los alimentos que ha sido un fundamento de las estrategias de pobreza (teniendo en cuenta que en los deciles más bajos hasta un 70% del ingreso se gasta en alimentos). El aporte del sector rural al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los sectores más pobres de la población es evidente y ha significado siempre un elemento de balance y de priorización entre el consumidor y el productor; este aporte explica también por que la sociedad ha actuado en contravía con los intereses de los productores tratando de mantener los precios de los alimentos bajos a favor de la sociedad en general.

En ese sentido se plantea una paradoja que conduciría a una gran disyuntiva: o se piensa en el consumidor pobre o se piensa en el productor. La racionalidad de la producción agropecuaria conduce a que es necesario elevar las condiciones de competitividad en el suministro de alimentos bajo la perspectiva de la seguridad alimentaria como un elemento fundamental.

Esta relación de dependencia entre la pobreza urbana y la producción agropecuaria le da una importancia relativa y estratégica al sector, evidente en términos de la equidad general del modelo.

Estos dos componentes del manejo de la pobreza en el sector rural y su relación con el urbano y el tema de la seguridad alimentaria, conducen a una hipótesis básica para la Misión Rural que es la de que la dinámica de crecimiento del sector rural es el primer paso para una estrategia de pobreza; que las condiciones de equidad nacional pasan por la ruta crítica de la consolidación de un sector rural operante eficientemente y redistribuyendo su riqueza entre la población. Porque de esa forma se reducirán los procesos de migración de pobres y al mismo tiempo se garantizará una provisión de alimentos básicos para las poblaciones urbanas más necesitadas.

Ampliación reciente de la frontera agrícola

Las presiones que se han ejercido desde la segunda mitad del siglo XX sobre la frontera agrícola colombiana están marcadas por tres procesos interrelacionados. La concentración de la tierra al interior de la frontera y la consecuente expulsión campesina; la colonización dirigida que formó parte de la reforma agraria emprendida por el Estado; y más recientemente, los cultivos ilícitos.

Este proceso es una muestra de la irracionalidad e ineficiencia que ha caracterizado el uso del suelo en Colombia, expresado en la presencia de tierras interiores, dotadas de capacidad productiva, infraestructura y acceso a mercados, que se han sustraído de los procesos de producción agropecuaria, ya sea por el uso improductivo y especulativo, o por contrariar su verdadero potencial productivo, especialmente en explotaciones ganaderas extensivas.

El 90% de la reforma agraria realizada en Colombia en ochenta años, se ha orientado a la titulación de baldíos, es decir de tierras no incorporadas a la frontera agrícola. Esto se acompañó de planes ambiciosos de colonización hacia zonas marginales.

La concentración de la tierra ha tenido diferentes etapas, la última de ellas la de adquisición de tierras por parte de narcotraficantes, que han encontrado en ella una buena forma de legitimar dineros ilegales. Hoy Colombia es el país con mayor nivel de concentración de la tierra en América Latina.

Las reducidas oportunidades de las comunidades campesinas para acceder a la tierra para propósitos productivos han llevado a dos procesos perversos. La sobreexplotación del minifundio rural y la rápida apropiación de tierras a costa de las reservas forestales. Estos procesos han tenido gran dinámica, con motivadores adicionales, como la migración de expulsión por razones de violencia.

La colonización se constituye en una actividad necesaria de reconocer, interpretar y desglosar en sus diferentes componentes productivos, sociales, culturales, institucionales y políticos, para comprender cabalmente el sustrato de los cultivos ilícitos en Colombia, los cuales están, en su mayoría, basados en una estructura propia de colonización

El territorio rural como escenario de la estabilidad política

Frente al objetivo del modelo de desarrollo, que como se dijo antes es la estabilidad de las instituciones políticas, es claro que hoy existe una crisis muy importante en Colombia que cada vez va tomando visos de mayor peligro sobre todo el conjunto del modelo. Existen distintas expresiones de esa desestabilización, con distintos grados de impacto sobre la estructura general y no hay duda en que los más graves están ocurriendo en el sector rural.

Es importante destacar la pérdida de condiciones de convivencia dadas por una estructura de conflicto armado que históricamente ha estado presente durante los últimos 50 años que cuenta con una guerrilla y grupos paramilitares cada vez más poderosos y financiados y la economía de narcotráfico, que alimenta indistintamente todas las formas de intensificación del conflicto, constituyéndose en factores de desestabilización política.

Independiente de las causas por las cuales estos procesos se han acentuado en el sector rural, es evidente que es allí donde se requiere introducir soluciones más fuertes para lograr la estabilidad institucional global del sistema. El factor clave, en términos de construcción política, es la forma ilegítima como los grupos armados y violentos han ido arrebatando las banderas de reivindicación social o de lucha ideológica de los sectores democráticos de la sociedad, saen estos de derecha o izquierda. Las discusiones sobre el modelo económico, la justicia social, el ordenamiento territorial, la estructura política, se van convirtiendo en temas cada vez más exclusivos de los actores violentos, infringiendo una profunda herida al modelo democrático nacional.

De allí se deriva la nueva preocupación sobre el sector rural en Colombia, por la conciencia de que ese tipo de conflicto y desestabilización no es ajeno a la estructura global y porque se ha hecho evidente que tanto la estabilidad de las estructuras nacionales como la confianza en el modelo mismo están condicionadas por esta situación de crisis.

De allí se deriva una importancia relativa de la solución vital estratégicamente para el reordenamiento institucional de Colombia y se manifiesta la importancia que tiene la solución estratégica y prioritaria del problema rural, que se podría llamar «de la cuestión rural» con respecto a toda la estrategia nacional de estabilización política. El tema de la violencia y de la guerra son, de hecho, elementos muy importantes de todas las propuestas políticas que existen en Colombia y las preocupaciones y los compromisos de los más importantes grupos políticos están asociadas con la solución del conflicto armado que se está viviendo en el campo.

Pero este es tan sólo uno de los componentes del papel del sector rural en la estabilización, existen otros elementos que en su potencial reflejan la capacidad de aportar a la consolidación del modelo nacional.

El primero de ellos es el tema de la descentralización, proceso que se da con gran fuerza en los espacios rurales y cuyo eje fundamental ha sido la elección popular de alcaldes. La descentralización al instaurar una nueva estructura de relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil, es decir de prácticas y cultura política, abrió la posibilidad de consolidar los esquemas de identificación, afiliación y compromiso de la sociedad en la construcción del país. Muchos analistas coinciden en identificar en este proceso la posibilidad de renovación y de consolidación de la democracia nacional, además de la solución a problemas del sector rural colombiano.

Otro de los elementos asociados con la estabilidad es la importancia de las raíces culturales y la gran diversidad cultural que, como se ha mencionado, es el sustento y el germen de la construcción de una nacionalidad. Las distintas culturas y tradiciones basadas en las mismas formas y relaciones sociales de producción, aportan a la visión nacional la solidez de su identidad, de allí que se vea como vital para la estabilidad la conservación de esos esquemas de arraigo y tradición cultural. Una visión simplista de los mercados laborales apoyados en las migraciones y en la movilización de poblaciones excedentes en las zonas rurales, tiene gravísimas implicaciones en términos de capital social de estas riquezas sociales de grupos culturales asentados en el campo.

Otro de los elementos de desestabilización política, que se origina en las zonas rurales, es la pérdida de soberanía del Estado sobre espacios del territorio nacional. Hoy es claro que regiones importantes y además estratégicas en una solución de largo plazo, están dominadas por fuerzas por fuera de la institución. Esa dominación territorial que se ha convertido casi en el fundamento de la estrategia de guerra, ha llevado a una desmembración evidente del territorio nacional y se ha convertido en la expresión más evidente de una catástrofe institucional nacional. Esa pérdida de dominio es una pérdida de dominio rural: regiones con economías de cultivos ilícitos o territorios de hegemonía guerrillera o paramilitar, son el factor más peligroso de desestabilización y sólo con una solución integral al tema de lo rural se puede lograr su recuperación para la nación.

El territorio rural y la riqueza ambiental

Finalmente esta el objetivo de la sostenibilidad en el modelo de desarrollo y tal como se ha definido, la sostenibilidad tiene que ver con la administración de un capital social que se llama la oferta ambiental o los recursos naturales del país.

Esta oferta, reflejada en una gran diversidad de suelos, climática, ecosistémica, biológica y en una gran riqueza hídrica, está íntimamente ligada con las prácticas de producción y ocupación del suelo de la población rural. En ese sentido, el sector rural vuelve a aparecer como un sector estratégico con condiciones de liderazgo que ameritan la definición de estrategias de fortalecimiento del sector para la conservación de esos recursos.

Es cada vez es más evidente que el tema de la sostenibilidad ambiental y de su valoración económica, marca diferencias en los potenciales de desarrollo de la nación En una visión de muy largo plazo, el sector rural tiene la responsabilidad estratégica de manejar e integrar la oferta ambiental al desarrollo económico, social y político del país, también con implicaciones en las relaciones frente al resto de los países del mundo.